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Así piensan Llaryora y Juez combatir la inseguridad

POLÍTICA - CÓRDOBA Agencia de Noticias del Interior Agencia de Noticias del Interior
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La inseguridad es uno de los problemas centrales que atraviesa la provincia. Todas las encuestas y estudios de opinión son coincidentes y la ubican al tope de las cuestiones a resolver por el próximo gobierno. Los demás temas que inquietan y preocupan a la sociedad son educación, salud y empleo.

No es ninguna originalidad afirmar que, con la profundización de la crisis económica, la inseguridad crece especialmente en los centros urbanos más densamente poblados. Sin embargo, si se hace un repaso de las últimas dos décadas, hay que decir que la falta de seguridad es uno de los ‘talones de Aquiles’ de las gestiones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti.

Los inconvenientes que tiene el oficialismo en esta área se convierten en caballito de batalla de los frentes y partidos opositores en cada campaña electoral. Desde las administraciones provinciales retrucan con todo lo que se ha hecho y culpan a la situación nacional por el crecimiento de los robos y, fundamentalmente, del narcotráfico.

Hace pocas semanas, las estructuras oficiales del poder se conmovieron con la realización de una manifestación frente a la propia catedral de la ciudad de Córdoba, que fue encabezada por el arzobispo Ángel Rossi. La respuesta veloz de la administración schiarettista fue hacer presente, en esa convocatoria, a varios funcionarios, incluido el intendente de capital y candidato a gobernador por la coalición oficialista, Martín Llaryora. 

El obispo asegura que habla con todos los sectores políticos, aunque en privado, desde el Centro Cívico admiten que hay actitudes de la Iglesia de Córdoba con las que no concuerdan. Y manifiestan preocupación en este sentido.

El candidato de la oposición, Luis Juez, dice que cuando se dirigía a la manifestación contra el narcotráfico y la violencia social frente a la Catedral, se enteró que asistirían el intendente de Córdoba y funcionarios provinciales. Por eso decidió volver sobre sus pasos y no asistir.

Conscientes de la importancia del tema, oficialistas y opositores presentarán sus proyectos para combatir la inseguridad en el corto plazo, lo que hará que la campaña electoral tenga un capítulo especial y habrá confrontaciones importantes.

El factor sorpresa.

Juntos por el Cambio dará a conocer su proyecto esta semana y Hacemos Unidos por Córdoba lo difundirá dentro de 15 días, según remarcan desde ambos comandos. Por esa razón ninguna de las dos coaliciones que tienen mayores posibilidades de ganar la elección del 25 de junio da a conocer todos los detalles de sus proyectos. Estiman que el factor sorpresa es importante y la idea es convencer a los ciudadanos indecisos para lograr su voto.

Al dar sus opiniones sobre este tema, Llaryora dice que es “el primer intendente que se ocupa de la seguridad”, ya que anteriormente este frente era abordado exclusivamente por las autoridades provinciales. Y desde su entorno anticipan que el lunes 29 del corriente mes será presentada la propuesta integral en esta materia.

Se advierte que ambos candidatos se pondrán al frente de esta batalla y que subordinarán a todas las fuerzas que combaten el delito.

Hace poco y al ser consultado al respecto, el camarista Víctor Vélez opinó que, por ejemplo, la Policía de la Provincia debe estar controlada por la política. En ese sentido, Juez dice: “Yo seré el ministro de Seguridad”.

Existe otra coincidencia entre Llaryora y Juez: los dos remarcan que pedirán la colaboración de otras fuerzas de seguridad ajenas a la Policía, para combatir al narcotráfico y al delito organizado. El peronismo habla de sumar al Ejército en esta lucha y propone adecuar la legislación con el fin de permitir que esa fuerza no tenga limitaciones para intervenir en este punto.

En tanto, el postulante de Juntos por el Cambio postula la convocatoria a la Gendarmería para proteger las fronteras con Santa Fe y Santiago del Estero, ya que entiende que por allí ingresan la cocaína y la marihuana a Córdoba.

Al explicar los motivos para llamar a la Gendarmería, recuerda la base que esa fuerza tiene en la provincia –en la ciudad de Jesús María– y argumenta que si Córdoba forma sus efectivos, lo natural sería que algunos de esos efectivos puedan actuar en la provincia.

El fuero maldito.

Juez también pone el dedo en la llaga y se mete con un sector de la Justicia particularmente cuestionado y que siempre ha criticado al considerar que no tiene independencia: el fuero Anticorrupción de la Justicia provincial, al que promete eliminar.

También impulsa cubrir las vacantes del Tribunal Superior y el Ministerio Público con profesionales de trayectoria y experiencia. En paralelo, técnicos y dirigentes políticos de la coalición opositora cuestionan con extrema severidad a magistrados que se encuentran en los organismos de conducción de la Justicia provincial. Los dardos recaen especialmente sobre los fiscales adjuntos José Gómez Demel, Héctor David y al propio fiscal General Juan Manuel Delgado, porque todos trabajaron en el Poder Ejecutivo. 

Y lo propio hacen con los vocales del Tribunal Superior Luis Angulo y María Marta Cáceres de Bollati, quienes también tienen un paso como funcionarios de gobierno. Hay que recordar que Angulo fue ministro de Trabajo y Cáceres de Bollati secretaria de Justicia cuando David fue titular del área.

En tanto, Llaryora apuesta mucho a la participación ciudadana según consta en los anticipos del plan de seguridad que será presentado oficialmente dentro de unos días. Incluso, remarca la importancia de las patrullas con participación de policías y empleados municipales que ya están funcionando en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba y que obtuvieron informes muy favorables, según cuentan funcionarios del Palacio 6 de Julio.

Otra de las propuestas es incorporar un mayor número de vecinos en tareas que desempeñan los policías, probablemente vinculadas a lo administrativo, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones.

Con todo y en plena evolución de la campaña electoral, la seguridad es uno de los ejes clave de este proceso y será motivo de discusiones recurrentes porque se trata de un inconveniente que requiere atención primordial.

El aumento de los índices delictivos no frena, tanto en Capital como en el interior, y la sociedad reclama que sus autoridades busquen caminos para solucionar el problema.

 

Una por una, las propuestas para combatir la inseguridad  

Juntos por el Cambio

“El ministro de seguridad voy a ser yo”, repite Luis Juez, quien se comprometió personalmente a liderar la lucha contra la seguridad, más allá de que nombre funcionarios en el área.
Incorporar gendarmes en la provincia para que vigilen las rutas a Santiago del Estero y a Santa Fe, por donde ingresa la droga.
Eliminar el fuero Anticorrupción del Poder Judicial de la Provincia.
Garantizar la total independencia del Poder Judicial de la Provincia.
Las vacantes del Tribunal Superior y de la Fiscalía General serán ocupadas por profesionales de gran experiencia y prestigio. “Yo no voy a pedir renuncias en el Tribunal Superior ni en el Ministerio Público”, remarca Juez.
Blindar Córdoba para evitar el narcotráfico.
Construir una cárcel exclusiva para narcotraficantes.
El 11 de diciembre presentará en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia en materia de seguridad en toda la provincia. 
Se instrumentarán dos planes de seguridad. El primero tendrá una extensión de seis meses y su objetivo central será afrontar la contingencia.
El comisario Julio Faría será designado jefe de Policía.
“La seguridad es un derecho, no un privilegio”, será el eje.
 

Hacemos Unidos por Córdoba

Sumar más efectivos a la  Policía provincial.
Incorporar más civiles en tareas que habitualmente realizan los policías.
Incorporar más tecnología para modernizar y hacer más efectiva la labor de la Policía provincial.
Aumentar la interrelación con programas de seguridad municipales.
Promover la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, preparando a sus efectivos y adecuando la legislación respectiva. 
Aplicación del test antidrogas a funcionarios de todos los poderes del Estado provincial.
Más programas barriales.
Conseguir una mayor participación vecinal en temas de seguridad.
 

El trabajo en la ciudad de Córdoba:

Cámaras en toda la flota de colectivos, tal como lo logró en la actualidad.
Botón antipánico en toda la flota de colectivos.
Se destinaron 500 millones de pesos para comprar cámaras de seguridad
Iluminación de avenidas y espacios verdes.
Se instrumentaron patrullas preventivas en Parque Sarmiento y corredores comerciales, conformadas por policías y vecinos.
“Soy el primer intendente que se ocupa de la seguridad (que antes estaba reservada a las autoridades provinciales)”, suele repetir Martín Llaryora.

Con información de Perfil Córdoba, sobre una nota de EDUARDO BOCCO

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