El gran desafío de Maximiliano Pullaro

El último Reporte Anual de Homicidios Dolosos que elaboran las autoridades santafesinas tiene una clave de lectura muy interesante acerca de cómo en una década la violencia de Rosario se transformó cualitativamente y de la consolidación de las bandas criminales. Por esta razón es un insumo determinante para la política y el anuncio un giro copernicano en las estrategias contra el delito a partir de la llegada de la nueva administración que lidera Maximiliano Pullaro.

En 2013, con el asesinato del líder de Los Monos Claudio Pájaro Cantero como epifenómeno central, en Rosario estalló una violencia epidémica que con altibajos se mantuvo hasta 2023 con guarismos que se endurecieron, en especial en los delitos de sangre. El Informe de Homicidios del Observatorio de Seguridad que se divulgó la semana pasada muestra que a ambos extremos del segmento la cantidad de homicidios es muy parecida. Hubo 271 en 2013 y 260 en 2023. Lo que cambió notoriamente es quiénes actúan y cómo.

Hay tres factores muy marcados en la composición de la violencia en estos diez años. El análisis puede hacerse desde 2014 a 2023 que son los diez primeros años de vigencia del sistema acusatorio en Santa Fe, ya que inauguró mediciones criminológicas más exhaustivas. Hay tres indicadores cuyo desplazamiento refleja inequívocamente que las organizaciones criminales marcan con más determinación las variaciones de la violencia en Rosario. Y que para desactivarlas hay que dirigirse a ellas con diversas estrategias. Algo que le tocará a la política más que a las fuerzas de seguridad o al Poder Judicial.

Esos indicadores son tres básicamente. El porcentaje de uso de armas de fuego en los homicidios, la planificación o el mandato previo detrás de un crimen y los casos de economías ilegales en el contexto de esas muertes. Todas estas son claves para definir la respuesta estatal.
Las tres patas del descalabro
El uso de armas de fuego, indicador distintivo de los grupos criminales, ya era alto en 2014 pero creció significativamente como medio empleado hacia el último año medido: de ser el instrumento letal en un 72,4% entonces a 84,2% en 2023.
Algo que trepó de manera sideral en el mismo período es el marco de criminalidad organizada en el que se producen los asesinatos en Rosario. En 2014 fueron el 29% del total los casos vinculados a economías ilícitas o a grupos criminales. En tanto que en 2023 el guarismo trepó a un sorprendente 64,9%. Eso indica que dos de cada tres asesinatos que ocurren en la ciudad más caliente del país por su violencia tienen que ver con los movimientos del crimen organizado.

El elemento de premeditación en los homicidios es otra señal de la acción de bandas delictivas plurales implicadas en la violencia. En 2014 el factor del mandato o pacto previo para los hechos de sangre fue del 43,3%. En 2023 las investigaciones fiscales notaron que este registro creció hasta el 72,7% de los casos.

¿Qué significa todo esto? Básicamente grupos organizados agitando y moviendo la violencia que supone el primer factor de desestabilización de las administraciones en la provincia. Y es aquí donde la respuesta estatal es esencial para dominar todas las tendencias al alza.

Lo que indica el último informe, cuando se lee la evolución histórica de los homicidios en Rosario, es que bajo una tasa semejante a lo largo de los años, que orilla los 20 muertes cada 100 mil habitantes por año, se despliega una serie de prácticas que no son iguales. Y con información articulada e intervenciones inteligentes y focalizadas se puede producir una mejor respuesta.

Hay una sensación de optimismo moderado aunque generalizado de que tal cosa será posible. Lo comparten el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario Pablo Javkin y la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que aglutina a los 160 fiscales provinciales. Anclan esa expectativa en el retorno del Plan Abre, una iniciativa de acción social destinada mayormente a barrios. Al retorno del Nueva Oportunidad, que es un programa de capacitación en oficios para jóvenes en zonas de alta conflictividad, que tiene además un propósito de poner a interactuar a sus destinatarios de manera de atenuar discordias. Y por último a la intervención focalizada en ocho barrios de la ciudad, denominado Programa de Intervención Barrial Focalizada.

La puesta en marcha de estas acciones se dio la semana pasada con la firma de un convenio entre los tres niveles mencionados. En Rosario las acciones arrancarán en los barrios Stella Maris, aledaño al 7 de Septiembre, y en una franja de barrio Agote. De manera escalonada proseguirán en la ampliación del complejo municipal de viviendas de avenida Grandoli, Empalme Graneros, Bella Vista Oeste, Tablada y Ludueña.

Pullaro resaltó en el lanzamiento que lo impulsaban como un programa de reestructuración del tejido social pero también de prevención del delito. “El problema de la violencia no termina con involucrar a las áreas más duras del gobierno, como lo estamos haciendo. Las áreas más virtuosas del Estado tienen que llegar a estos lugares para reconstruir el tejido social y, fundamentalmente, para dar futuro”, sostuvo.

Eso quiere decir que la acción en los barrios más duros de la ciudad incluirá la producción de información sobre los actores del campo criminal. Sobre todo de sus factores juveniles.

Factores que están en una tensión revulsiva con el particular tono de extrema frontalidad que el gobernador elige en estos días luego de su decisión inicial de controlar las acciones de los presos de alto perfil criminal que son, como se expresa en las audiencias penales a diario, los motores de la violencia urbana. En los últimos 15 días de enero hubo un ataque a balazos fallido a un bar en el barrio La Florida, balaceras contra camiones recolectores de residuos, disparos contra una sucursal de banco Macro de la zona sur y contra un ventanal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, entre otros.

Las réplicas en balaceras y amenazas que se producen en la calle por los traslados y confinamiento de estos actores implicaron un endurecimiento en el discurso de Pullaro. “Si desde la cárcel creen que pueden cometer delitos violentos cada vez la van a pasar peor”, planteó públicamente.

La exaltación de enunciados de vindicta desde el Estado son el doble filo de un arma. Por un lado marcan la voluntad de no ceder frente a los factores que producen hechos que son de alta conmoción pública. Al mismo tiempo moviliza a los sectores que los planes sociales barriales dirigidos a la violencia buscan conjurar.

Desatar ese nudo no será fácil. Pullaro da en el clavo cuando entiende que hay un resorte de conflicto en la cuestión social y en las cárceles. Pero al arremeter con retóricas de batalla contra las prisiones, exaltando en redes las acciones de disciplinamiento dentro de los pabellones, no hace sino patear un hormiguero en la vía pública, en los dominios extramuros donde los presos tienen a sus familiares y allegados.

El crecimiento desmesurado en las prisiones provinciales, con una población que trepó un 125% desde 2008 sin crecimiento poblacional, implica que afuera hay mucha más gente ligada a las cárceles que reciben el impacto de estas acciones. Un punto central que la respuesta estatal deberá abordar en el mismo momento –en los mismos lugares también– que se inicien las intervenciones barriales.

Con informacion de Letra P.