Daniel Passerini prepara una contraofensiva judicial a la vendetta de Javier Milei

“Quieren dejar sin transporte a todo el interior del país”. Esa es la lectura que hace el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, después de poner el grito en el cielo por el corte de partidas subsidiadas para el servicio público. La vía judicial asoma como la primera salida para este conflicto de gran calibre.

“Al margen de las acciones políticas, los intendentes están analizando qué medidas judiciales van a tomar para tratar que este fondo se restituya”, anticipó el secretario de Transporte de la capital, Gabriel Bermúdez. En el edificio municipal ya advierten que la tarifa, sin subsidios, debería ser de $1.111. El valor actual es de $340.
 
La eliminación del Fondo Compensador del Transporte empieza a funcionar como el tiro de gracia que marca el final de la luna de miel entre la dirigencia mediterránea y el presidente Javier Milei.

“Resulta ser que la casta eran los ciudadanos del interior que viajan en colectivo”, lanzó en clave de batalla Bermúdez, quien también advirtió sobre la necesidad de buscar sistema de financiamiento alternativo.
La medida tiene impacto directo sobre el funcionamiento del sistema en Córdoba y constituye un reclamo que, desde ahora, derramará sobre el gobierno provincial de Martín Llaryora.
Para las fuentes cordobesas consultadas se trata de un escarmiento a los gobernadores. En otras palabras, una vendetta instrumentada por Toto Caputo por la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Todavía, le esquivan cargar tintas contra el Presidente, con buena base de apoyo en la provincia pese a todo.

Por su cercanía con Franco Mogetta, Passerini había encabezado la gestión que sentó a un puñado de intendentes con el secretario de Transporte de la Nación. Pese a las buenas intenciones de uno de los cordobeses en el gabinete nacional, la respuesta fue la de cajón: no hay plata. Café, escucha, beso, abrazo y vamos viendo.

La decisión que se comunicó en la mañana del jueves sorprendió por completo al jefe político de la capital mediterránea. No tardó en mover en el que se presenta como su primer gran desafío de gestión.

“Es una decisión unitaria que atenta directamente contra el federalismo”, dijo Bermúdez. “Quienes están en cómodos sillones cerca de la Plaza de Mayo, les recuerdo que el país no termina en la Avenida General Paz”, continuó en una improvisada conferencia de prensa motivada por los anuncios nacionales.

Una represalia
“Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”, dice el comunicado firmado por el intendentismo que parece comprender la decisión central como parte de la contraofensiva libertaria por la derrota legislativa de la semana pasada. La medida, afirma, “implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país”.

La preocupación del tándem Passerini-Llaryora no es menor. Desde que comenzó el 2023, en plena escalada inflacionaria, el transporte cordobés dejó de recibir fondos y la Municipalidad tuvo que salir a tapar los huecos que dejó abiertos la Nación. Fueron más de $3.700 millones por mes, sólo para garantizar el costo actual de la tarifa, que aumentó por última vez el pasado 5 de febrero.

Las charlas con Mogetta, que hasta el 10 de diciembre estuvo en la secretaría de Transporte del gobierno de Juan Schiaretti, buscaban un mejor distribución del subsidio que financiaba el 90% del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires y apenas el 25% de las diferentes ciudades del interior.

El 75% de los aportes restantes, que sirven para que los costos del sistema no recaigan sólo sobre la tarifa, ya se repartían entre la Provincia y la Municipalidad, que ahora se verán obligadas a redoblar esfuerzos y poner más plata.

La sorpresa, entonces, empieza a mutar en enojo. Aunque no hubo contacto luego de la oficialización de la medida, Passerini mantiene conversaciones permanentes con el titular del área cuyo futuro está en la cuerda floja, con un Ministerio de Infraestructura que no se termina de disolver y una limitada capacidad de acción sobre las decisiones de fondo. De todas formas, aseguran en Córdoba, “no había indicios de que fuera a pasar esto”.

Mientras hay quienes entienden que el cordobés “no está haciendo nada”, otros reconocen que las decisiones finales no dependen de él, sino del ministro de Economía, Toto Caputo. El mismo que, luego de caída la ley ómnibus acusó a los representantes provinciales de “hacer una mala evaluación de su poder de negociación” y anticipó que ya está activando su Plan B, el que no contemplaba la aprobación de la ley, para llegar al equilibrio fiscal.

De hecho, Bermúdez, recordó que el caído Fondo Compensador había sido propuesto por Schiaretti. Fue cuando el macrismo, cuna política de Caputo, había intentado una quita general de subsidios en el año 2018. El ministro de Economía de Milei también conducía los rumbos de las cuentas nacionales.

La SUBE
En este contexto, la ciudad de Córdoba suma un problema propio: la tardía aplicación del sistema SUBE, que no rige en la capital provincial y que se anuncia como el único medio “para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa”.

Si bien las gestiones para la aplicación del sistema se fue postergando, su puesta en marcha necesitaría de toda una ingeniería que retrasaría la llegada de la ayuda nacional a los usuarios del transporte urbano.

Bermúdez remarcó que “eso no es magia”. Instalar el sistema no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. “Lo único que han hecho de un día para el otro es quitar los subsidios al interior del país”, reiteró mientras que anticipó que Passerini, junto a la Red Federal de Intendentes que se formó luego de la audiencia con Mogetta, estudia también salidas legales ante la decisión nacional.

Con informacion de Letra P.