Los obstáculos que tiene el Gobierno en su insistencia de llevar adelante auditorías en las universidades públicas

Luego de que el Gobierno admitió que las auditorías en las universidades públicas dependían de la Auditoría General de la Nación (AGN), desde el Ejecutivo deslizaron la manera en la que quieren que sean, a pesar de que aún no están en marcha. El obstáculo que se le presenta a  La Libertad Avanza es que no tiene allí injerencia, ya que está manejada por Juan Manuel Olmos y es por ello que necesitan la aprobación del Congreso para designar allí a un abogado conveniente para Karina Milei. 

En el medio de la discusión por los presupuestos universitarios para las universidades públicas, el Gobierno anunció que tenía como objetivo auditar las casas de estudio. Pero horas antes de la multitudinaria marcha que terminó en Plaza de Mayo, una fuente del Ejecutivo confirmó que "no estaban previstas", es decir, el tema de las auditorías fue solo un anuncio "para instalar" el tema, y aún no comenzaron a ser realizadas. Igualmente, explicaron que se tienen que dar tras una negociación entre las universidades y la AGN porque para este Gobierno es necesario anular "los curros" que cree que existen  en las distintas facultades. 

En ese sentido, este miércoles, desde Balcarce 50 agregaron que quieren que las auditorías sean "técnicas, conjuntas, no políticas y no autoauditorías", para poder ir a fondo. "Vamos a ir con todo", dicen con tono firme, pero saben que para que lo que desean se cumpla se deben cumplir determinadas cuestiones, entre ellas, lograr designar a un nuevo presidente, -o en todo caso un nuevo miembro-, que difiera del perfil que tiene el actual: Juan Manuel Olmos, dirigente del PJ porteño y exasesor del presidente Alberto Fernández. 

Para que la administración libertaria tenga más acceso a la AGN deberá lograr que el Congreso apruebe al abogado Santiago Viola, un afín de la secretaria General de la Presidencia, y una persona que trabaja muy cerca de ella y de Martín y Lule Menem. Hasta el momento, no se pudo, y desde el Gobierno explican no tener respuesta a la incógnita de cuando se intentará avanzar sobre este asunto. 

Como contó anteriormente MDZ, y declaró el vocero presidencial, para el Gobierno las auditorías "no deben molestar a nadie" porque son "lo que merecen los argentinos, en ese ámbito y en otros ámbitos". "En una Argentina que además tiene estas características, no puede permitirse que ni un solo peso se gaste en cosas que no correspondan", agregó en conferencia de prensa. 

La explicación de Olmos 
Este miércoles, el presidente de la AGN explicó los pasos necesarios para ordenar auditorias universitarias, ya que el Ejecutivo no tiene potestad y que los pedidos deben salir de una comisión mixta revisora del Congreso. "Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata", reveló en diálogo con Radio Mitre. 

Sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que por su tamaño y presupuesto se debería pedir a la comisión "que ingrese a un plan de auditoría integral". "En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19, determina su autonomía. No puede auditarla la Sindicatura General de la Nación (Sigen)", subrayó el exvicejefe de Gabinete bajo la administración de Fernández. 

Además, Olmos dijo que el control externo de las cajas universitarias se realiza a través de un muestreo, que ejecuta el Congreso a través de la AGN, en donde se determinar los aspectos del gasto presupuestario a auditar. 

El justicialista agregó que los argentinos "tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos" y pidió que "el Congreso de la Nación disponga una auditoría" y que la AGN "va a cumplir su rol y la va a auditar". 

La AGN es un organismo del Estado central que asiste técnicamente al Congreso de la Nación en el control externo del sector público, razón por la cual desde las universidades se oponían a que las auditorías las haga el Ejecutivo. Además, la Auditoría está a cargo de siete miembros que se desempeñan como auditores generales, duran ocho años en el cargo y seis de ellos son elegidos por el Congreso, es decir, tres por la Cámara Alta y tres por la Baja. 

CON INFORMACION DE MDZOL.COM