Milei busca ahorrar $8.000 millones con la boleta única y frenar el curro de los partidos políticos

En la primera semana de agosto, el Gobierno impulsará la reforma electoral en el Congreso de la Nación con un conjunto de propuestas que incluye la introducción de la Boleta Única Papel (BUP). Esta iniciativa ya ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados y la Casa Rosada buscará convertirla en ley durante el segundo semestre del año.

 
Además de los motivos económicos detrás de la aprobación de esta nueva metodología de votación, que disminuirá drásticamente la cantidad de boletas en todo el país, hay razones políticas. Por un lado, con la BUP, el Estado podría ahorrar más de $8000 millones en financiamiento a los partidos y, por otro lado, la implementación de este sistema representará un desafío logístico para ciertos partidos políticos que solían usar las boletas como herramienta de militancia, e incluso entregaban a los electores sobres sellados con el papel de sus propios candidatos. La medida también pretende atacar los “negocios” de los partidos menores que, tras recibir fondos del Ejecutivo, no los utilizaban para imprimir las boletas.

A diferencia del sistema actual, donde cada partido es responsable de imprimir las boletas oficializadas por la Justicia, con la BUP, los documentos serán proporcionados por el Estado y solo estarán disponibles en la mesa de votación el día de la elección. Estas boletas contarán con características de seguridad como troquelado y número de mesa. Se entregará una cantidad correspondiente al número de electores del distrito más un 5% adicional para reposición.

 
La intención del gobierno es obtener la aprobación en el Senado para luego enviarlo de vuelta a la Cámara Baja para una segunda revisión y sanción definitiva. El proyecto había quedado estancado en enero pasado cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto original.

Este dictamen alternativo recibió el apoyo de dos senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Sin embargo, el oficialismo estaría dispuesto a aceptar una de las propuestas del dictamen de Silva: eliminar la opción de un casillero que permite votar la lista completa con una sola cruz. Esta modificación podría facilitar que el proyecto obtenga la mayoría constitucional necesaria para su aprobación en el Senado.

El Gobierno prefiere implementar a nivel nacional el modelo de Boleta Única de Córdoba, que permite seleccionar un partido político con una sola marca en todas las categorías (Presidente, diputados, senador, etc.). En este modelo, la ubicación de cada candidato y partido en la boleta se determina por sorteo. “Actualmente, hay dos caminos para construir la mayoría, con Silva o con los senadores de Misiones. La decisión final dependerá del acuerdo que se alcance. Hay una inclinación por la boleta cordobesa y estamos manejando opciones en torno a eso”, comentó un senador familiarizado con las conversaciones.

 
“Estamos cerca de un acuerdo y hay conversaciones con los bloques más dialoguistas. El dictamen de Silva diferencia las boletas de Santa Fe y Córdoba, y el bloque de Unión por la Patria lo respalda. Si se resuelve la diferencia, que es mínima, se podría aprobar”, añadió. En el Senado, el conteo actual muestra un empate 36 a 36, y Victoria Villarruel no puede desempatar al tratarse de una iniciativa legislativa. “La idea es comenzar a negociar en agosto”, concluyó.

 
La aprobación de la boleta única implicaría una drástica reducción en el número de boletas impresas, lo que conllevaría menores gastos en impresión de papel, menos necesidades logísticas y una disminución en la compra de materiales de embalaje, reduciendo así la cantidad de cajas necesarias.

Se estima que el ahorro para el Estado podría superar los $8000 millones, aunque el Gobierno aún deberá encargarse de la impresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP). En 2023 el Gobierno destinó aproximadamente $13.000 millones para financiar las boletas de los partidos políticos.

Además, el oficialismo sostiene que la BUP afectaría negativamente a la logística de los partidos que utilizan las boletas para movilizar a sus militantes, así como a los partidos más pequeños desvían los fondos estatales destinados a la impresión de boletas para otros usos. “Al no repartir las boletas, se elimina esta herramienta de militancia”, señalan. También se menciona la posibilidad de negocios turbios entre partidos políticos e imprentas. “Se elimina cualquier posibilidad de cuestiones espurias”, añaden.

Asimismo, la implementación de la Boleta Única tendría un impacto ambiental positivo. En las elecciones legislativas de 2021 se imprimieron 1100 millones de boletas, lo que equivalía a 100 mil toneladas de papel. Con un padrón de 34 millones de electores, se contabilizó una media de 34 boletas por elector, es decir, 10 veces el número de electores. El ahorro de papel en ese año equivaldría a la construcción de dos hospitales de 500 camas cada uno.

Derecha Diario