El Gobierno sufre otro revés en el Congreso: la oposición sancionó la recomposición jubilatoria

La oposición sancionó por dos tercios la ley que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contiene una nueva fórmula de movilidad. Se trata del segundo revés parlamentario que el Gobierno sufre en una semana: esta iniciativa desafía el equilibrio fiscal de Javier Milei, quien esta mañana ratificó que podría vetarla. No obstante, el masivo acompañamiento por una holgada mayoría supondrá un costo político y condicionará los planes de la administración libertaria.

Tras más de cinco horas de debate, el Senado le dio luz verde al proyecto en general, con 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Con un dato adicional de alto interés político: todos los senadores de Pro, salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acompañaron el proyecto opositor. El resto del rechazo estuvo dado por los siete senadores de La Libertad Avanza. Minutos después se aprobó todo el articulado en particular con la misma mayoría. Solo hubo tres ausentes: Maximiliano Abad (UCR), Alejandra Vigo (Cambio Federal) y Silvina García Larraburu (UxP).

Fue el libertario Bartolomé Abdala quien presidió la sesión durante la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Lo hizo en reemplazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien evitó que las cámaras la mostraran como la cara visible de la derrota del oficialismo.

Al no haber cambios, el texto no será revisado por Diputados, una de las alternativas que buscaba el oficialismo para demorar la reforma. Queda en manos del presidente Javier Milei promulgar la norma, o vetarla. “Todo lo que vaya en contra de las cuentas públicas se va a vetar”, confirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La actitud de los cinco senadores Pro que votaron a favor supuso un viraje respecto del comportamiento de sus pares en Diputados. En ese momento, la bancada macrista jugó en alianza con el oficialismo y rechazó la propuesta opositora porque, según argumentaron, impactará negativamente en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar.

 
Este giro sustancial de Pro, que permitió que el proyecto obtenga holgadamente una mayoría difícil de vetar por el Poder Ejecutivo, se da en el marco de una escalada de tensión entre el macrismo y los libertarios. Pro le reprocha al oficialismo incumplir el acuerdo por el que el senador Martín Goerling Lara ocuparía la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, sí como la restitución de los fondos coparticipables que el gobierno nacional le adeuda a la Ciudad.

Ayer, la porción de diputados que responden directamente a Mauricio Macri rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024 por el que Milei incrementó los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y dio el puntapié inicial que exhibió la nueva actitud que los exaliados del oficialismo tendrán en el Congreso.

El proyecto
La iniciativa que sancionó la oposición fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero, que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, define al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.

Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales asciende a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.

Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por RIPTE. La legisladora indicó a LA NACION que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula como “explosiva”: “Este agregado es asimétrico ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.

El debate
Tras un cuarto intermedio para definir quien sería el miembro informante del despacho de mayoría, el Senado retomó el debate de la recomposición jubilatoria. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no quiso asumir el costo de defender un proyecto que afectará las cuentas de la administración libertaria.

Para sorpresa de todos, ese rol lo asumió el kirchnerista Mariano Recalde (ciudad de Buenos Aires), quien explicó los fundamentos de una iniciativa que impulsó el radicalismo en la Cámara de Diputados y que Unión por la Patria acompañó. El senador porteño concluyó su exposición calificando la aprobación de este proyecto como “un acto de justicia”.

El radical Martín Lousteau coincidió con Recalde en la caracterización de esta sanción. Según precisó el presidente del Comité Nacional de la UCR, en los últimos 15 años hubo cinco cambios de fórmula previsional que “cambiaron el punto de partida de las jubilaciones para que ganen menos”. “Desde el 2017 las jubilaciones perdieron un 45% del poder adquisitivo, casi la mitad de lo que podían comprar en el último trimestre de 2017. Los bonos no alcanzan, son arbitrarios y no generan ningún tipo de certidumbre”, dictaminó Lousteau.

Junto a una puñado de legisladores dialoguistas, el Gobierno apuntó a incorporar modificaciones al proyecto para morigerar el costo fiscal y dilatar su sanción definitiva.

Esto dividió al radicalismo, donde referentes como Eduardo Vischi (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco) se inclinaron por apoyar la estrategia del oficialismo. Se opusieron a esta jugada dirigentes correligionarios como Flavio Fama (Catamarca) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), determinados a imprimirle a la propuesta la sanción definitiva y evitar más postergaciones.

“Vamos a apoyar el 8,1% de aumento y la actualización mensual, pero respecto de la actualización anual más Ripte hemos tenido algunas diferencias en la bancada. Entiendo que podemos encontrar una fórmula intermedia del 0,25%, que nos parece razonable -en vez del 0.5% de la diferencia-”, anticipó Vischi durante su intervención.

El senador libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan) defendió el despacho de minoría, que fundamentalmente buscó evitar que la nueva fórmula de movilidad adopte una cláusula gatillo anual que adicione a los haberes la mitad de la diferencia entre el promedio salarial y la inflación, si el primero aumenta más que la segunda. Para la administración libertaria, que apunta a llevar a cero el índice mensual de precios, este punto podría poner en jaque -a partir del año que viene- el tan cuidado ajuste que implementó Milei.

El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) jugó a favor del oficialismo. “Deberíamos haber contemplado en este dictamen un financiamiento”, indicó.

Por su parte, el kirchnerismo apoyó amalgamado el dictamen de mayoría. Solo hubo una ausencia, la de Silvina García Larraburu (Río Negro), que tuvo una complicación médica.

“Milei otra vez nos dice degenerados fiscales. Si quienes vamos a votar este proyecto somos degenerados fiscales, le quiero decir al Presidente que el es un degenerado social, que aumentó la pobreza y la indigencia, y no cubre en lo más mínimo lo que necesitan los argentinos para sobrevivir”, arremetió la bonaerense Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) durante su discurso final.

Su colega, José Mayans, hizo una fuerte crítica al programa económico del Gobierno y hasta se atrevió a comparar a Mauricio Macri con Alberto Fernández. “¿Están mirando los números de la economía argentina? Esto ya se lo advertí al grupo Macri, cuando empezó su caída. Después nadie era amigo de Macri, así como ahora nadie es amigo de Alberto, ¿verdad?”, evaluó. Por último, dictaminó: “Resolvamos este tema hoy acá. Está mal el programa económico, le deben a las provincias”.

El último en tomar la palabra fue el líder de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy). Durante su discurso, criticó las sucesivas modificaciones a la fórmula previsional que, según consideró, erosionaron los haberes de los jubilados. “Admitan su incapacidad absoluta de gestión y de resolver los problemas de este país. Ahora de golpe están apurados”, chicaneó Atauche tanto sobre la administración de Macri como la de Fernández. “Con nuestro Gobierno, todos los meses las jubilaciones suben más que la inflación. Datos, no relato”, sentenció el jujeño, que terminó su exposición pidiendo el acompañamiento de su dictamen.

Otro revés
La sanción de la recomposición jubilatoria es la segunda derrota del oficialismo en el Congreso, un día después de que la Cámara de Diputados rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024 por el que Milei incrementó $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Resta el pronunciamiento del Senado para dejarlo sin efecto. Se le suma al hecho de que el Gobierno también perdió el control y la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que quedó en manos del Lousteau y los representantes del kirchnerismo.

El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones del Senado a principios de agosto y está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y el Pro, en tanto, se opusieron.

Poco antes de iniciada la sesión, el Presidente reprodujo un mensaje en X de Javier Lanari, subsecretario de Prensa, quien anticipó que “todo lo que ataque” el equilibrio fiscal será vetado. Arremetió nuevamente contra los “degenerados fiscales”.

 
El inicio de la sesión
El quorum se logró poco después de las 11 con el aporte de todos los espacios políticos. En labor parlamentaria los bloques acordaron evitar la utilización de cuestiones de privilegio por parte de los senadores.

Poco después de iniciada la sesión, y en una jugada inesperada del radicalismo, el senador catamarqueño Flavio Fama (UCR) logró aprobar una moción de preferencia para incluir en la próxima sesión el proyecto que busca garantizar el financiamiento universitario, que cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar –cada dos meses y por inflación– los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios, además de reconocer la inflación acumulada desde enero. Otra iniciativa que afecta las cuentas públicas.

Con 67 avales y ningún rechazo ni abstenciones se le dio luz verde al proyecto de la senadora santafecina Carolina Losada (UCR) mediante el que se busca ampliar la cantidad de implicados en el delito por la venta o sustracción de menores así como aumentar las penas con una escala que va de los 5 a los 15 años de prisión. La iniciativa seguirá su curso en la Cámara de Diputados.

Aumento de sueldo
Los senadores también discutirán dos proyectos que versan sobre las dietas que perciben. Se da después de la repercusión política y mediática que generó la noticia del nuevo aumento de sus sueldos, que rondarán los $9 millones en bruto.

Tras las críticas del Presidente al Senado, que fueron leídas como una nueva afrenta hacia su titular, Victoria Villarruel decidió tomar la iniciativa y obligar a los legisladores a discutir la suspensión del incremento en el recinto del Senado.

Se discutirá una iniciativa para desengancharse del último aumento otorgado a los trabajadores legislativos y un congelamiento de sus dietas hasta el 31 de diciembre. También se abordará un proyecto del kirchnerismo que propone equiparar los sueldos de los tres poderes del Estado y fijar un techo de 20 salarios mínimos.

Si bien la primera propuesta de desenganche fue incluido en la sesión ordinaria, el segundo, de autoría de José Mayans (Unión por la Patria) es parte del temario de la sesión especial, convocada posteriormente. Es posible que esta última no logre el quorum necesario dado que toca un tema espinoso: los haberes del Poder Judicial.

La Nación