Los detalles de la privatización de IMPSA, la primera en la era Milei

La primera privatización concreta de la era Javier Milei no será Aerolíneas Argentinas. Tampoco las ocho que figuran en el listado aprobado por el Congreso Nacional en la ley Bases II. La primera acción de traspaso de acciones públicas a un privado será la operación vinculada con Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA).

Es una de las empresas más importantes de la historia manufacturera argentina, caída en desgracia a fines del kirchnerismo, estatizada durante el Gobierno de Alberto Fernández, y que ahora comenzará su proceso de traspaso a un privado. La Legislatura de Mendoza aprobó la cesión del 21,2% de las acciones de IMPSA, con lo que el último paso para la liberación de la posibilidad del traspaso de acciones públicas al mercado es ahora una realidad, que el Gobierno Nacional concretará en las próximas semanas. 

Por ahora hay un solo interesado concreto en la operación: ARC Energy, una empresa de capitales norteamericanos dedicada a la producción, provisión y servicios de insumos de petróleo y gas, que canalizará la inversión a través del Fondo de Inversión Americano (IAF). Como el ganador deberá cubrir un pasivo de más de US$500 millones (deudas con todo tipo de acreedores privados), probablemente la inversión se haga reclamando los beneficios del RIGI.

El proceso final que culminó en la Legislatura mendocina, comenzó la primera semana de julio, y para octubre terminaría el cronograma pactado con los potenciales interesados para que aparezcan las ofertas concretas para quedarse con las acciones públicas de la compañía, mayoría compartida entre la Nación y la provincia de Mendoza. 

La historia de IMPSA
La empresa fue fundada a comienzos del siglo pasado por el turinés Enrique Epaminondas Pescarmona, creció sostenidamente hasta convertirse hacia los 80 en el ejemplo más notable de la industria argentina. Todo era crecimiento hasta después de la crisis de la Convertibilidad.

Con Néstor Kirchner en el poder, todo comenzó bien. El 18 de diciembre de 2005, el nieto de Epaminondas, Enrique Menotti Pescarmona declaraba ante la prensa que la economía argentina crecería ese año un 8%, debido a que "hay un tipo de cambio productivo, que los mercados internacionales son favorables para los commodities y que Roberto Lavagna hizo un gran trabajo, aunque su alejamiento del ministerio no cambiará las cosas".

Elogió a Néstor Kirchner, asegurando que el presidente "la tiene clara porque maneja los números" y porque "es la primera vez en los últimos 50 años que la Argentina tiene superávit comercial y fiscal por cuatro años seguidos, pese a las presiones inflacionarias".

En un principio, con el kirchnerismo surgieron los buenos negocios. El 18 de enero de 2008, y luego de mucho trabajo de lobby del entonces expresidente argentino, y con Cristina Fernández de Kirchner como jefa de Estado, IMPSA firmó un contrato con la Venezuela bolivariana por un total de 520 millones de dólares para proveer turbinas al proyecto hidroeléctrico Tocoma.

En Buenos Aires, el Gobierno exhibía una carta por la cual IMPSA afirmaba que se trataba del contrato "más grande de exportación de alta tecnología" de la historia argentina y el inicio de una nueva era para la empresa. IMPSA había ganado el contrato en una licitación pública internacional iniciada en 2004 en la que también compitieron la estadounidense General Electric, la francesa Alstom, la alemana Siemens, las japonesas Marubeni, Sumitomo, Hitachi y Mitsui, la austríaca Vatech y las chinas Dong Fang y Harbin. IMPSA les había ganado a todas.

El contrato implicaba que IMPSA proveería turbinas y generadores para la central hidroeléctrica de Tocoma, en el sureste de Venezuela, proyecto que demandaría una inversión total de 3.061 millones de dólares. "Es un orgullo para la tecnología nacional el diseño, la fabricación, el transporte y el montaje de estas grandes maquinarias hidráulicas que serán diseñadas enteramente en nuestro país", firmaba Pescarmona en la carta rubricada por el propio empresario.

Todo era festejo. Se aunaba en un solo acto, todo lo bueno de aquellos días. La integración bolivariana, los privados haciendo juego, y la Latinoamérica grande. Sin embargo, todo terminó mal. Venezuela no pagó y el 30 de julio IMPSA anunció que no podía hacer frente a sus compromisos financieros e ingresó en default "técnico".

Lo hizo a través de una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la que reconoció que no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto por 42 millones de dólares y 23 millones de dólares. Se trata de las obligaciones negociables clase X y XI, así como también del pago de las cuotas de capital e intereses de todas sus obligaciones negociables en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros. Inmediatamente después, el Gobierno confirmó que estudiaba un plan de salvataje para la empresa.

Sin crédito
Las explicaciones de IMPSA eran simples. La empresa no había podido hacer pie en la expansión de la obra pública dentro del país por la falta de crédito internacional, ante el cierre de los mercados internacionales por la mala imagen de la Argentina ante el mundo. Sin embargo, la principal causa es que Venezuela no había cumplido con los pagos prometidos.

Para esa época, Enrique Menotti Pescarmona había perdido el control de la compañía, y para el 2018 el grupo de acreedores, que encabezaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nación y un fondo de inversiones de Chile, entre otros, se hizo con dos de tres directores y marcó la salida definitiva del poderoso empresario.

Continuaría siendo noticia ese año, pero por otra cuestión: terminó siendo arrepentido en el pago de coimas en la causa Cuadernos, luego de la detención de Rodolfo Valenti, uno de los gerentes de la compañía y hombre de confianza del empresario.

Admitió que su empresa le había pagado al Ministerio de Planificación Federal 2,98 millones de dólares en "conceptos indebidos".
La empresa pasó luego a ser reestatizada el 4 de junio de 2021, en una curiosa alianza entre el gobierno nacional de Alberto Fernández y el de Mendoza de Rodolfo Suarez. La Nación detentaría el 63,7% de las acciones y la provincia el 21,2%. Tres años después, ya comenzó la finalización del proceso a la inversa.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM