Fuerte denuncia de Capital Humano contra la Anses

A raíz de una investigación realizada por ANSES, el Ministerio de Capital Humano denunció ante la Justicia en las últimas horas presuntas irregularidades en la tramitación de la Asignación por Embarazo (AUE).

De acuerdo con la cartera que conduce Sandra Pettovello, se hallaron irregularidades en al menos 283 casos en distintos puntos del país.

"Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación", señaló el ministerio en la presentación.

La información indica que los casos detectados podrían haber costado al Estado $166 millones. Los mismos fueron registrados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en Río Gallegos (Santa Cruz), como así también en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

Entre las inconsistencias en los formularios que se utilizan para acceder a la asignación, se encontraron certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento donde, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, presumiendo embarazos inexistentes.

También hubo simulación de interrupciones de embarazo, donde hubo casos de solicitudes de AUE acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción del embarazo, permitiendo a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción.

Asimismo, aparecieron certificados con fechas de parto futuras en las que "se detectaron certificados médicos falsos con fechas de parto futuras, que ya estaban siendo utilizados para cobrar los pagos prenatales, sugiriendo embarazos falsos".

Finalmente, se hallaron certificaciones inválidas y retenidas que incluyeron desde matrículas inválidas o inexistentes hasta procedimientos realizados por profesionales sin habilitación en obstetricia).

A raíz de esto, Capital Humano analizó dos escenarios de cálculo sobre el perjuicio económico: el de máxima, estimado en 165.959.199 pesos, y el de mínima, en 58.862.376 de pesos. Ambos a valores de noviembre de 2024. La investigación en el organismo fue verificada y documentada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios.

La denuncia quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde por sorteo recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos y en la fiscalía de Ramiro González.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM