Una revuelta en la UCR acerca a Mariana Caserio a un organismo clave para Martín Llaryora

En la previa de la audiencia pública inicial que tiene que habilitar los primeros aumentos en los servicios públicos de la gestión de Martín Llaryora, un planteo opositor advierte sobre una irregularidad que pondría en riesgo la legitimidad de los incrementos de la última etapa de Juan Schiaretti al frente del gobierno de la provincia de Córdoba.

Tras quedar en el ojo de la tormenta luego de la última sesión de 2023, el radical Dante Rossi asegura que el titular del directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) tiene mandato vencido desde finales de 2021, lo que invalidaría el accionar del organismo de control durante los últimos dos años. El impacto que implicaría un corrimiento del titular del organismo, Mario Blanco, en el mapa político provincial no sería menor: la presidencia quedaría a cargo de Mariana Caserio, la exlegisladora K nombrada como flamante vicepresidenta del ente a fines del año pasado.

Como ya contó Letra P, la hija de Carlos Caserio llegó al esquema provincial como parte del trabajo de recomposición con el que Lalryora busca acercar posiciones con el peronismo nacional.

En la tarea de volver levantar los puentes que se destruyeron durante la gestión de Schiaretti, el gobernador del Partido Cordobés le abrió a Caserio una puerta que ahora podría convertirse en clave para su gestión: la silla que comanda el organismo que habilita o le baja el pulgar a los aumentos de tarifas en la provincia.
La denuncia
Según advierte el currículum de Blanco que aparece publicado en la página oficial del ERSEP, el ex intendente de Cruz del Eje se encuentra al frente del organismo desde diciembre de 2011, es decir desde el comienzo del último mandato de José Manuel de la Sota.
Según la ley 8.835, las autoridades del ente que tiene la misión de regular y controlar la prestación de los servicios públicos en la provincia deben cumplir un mandato que se extiende durante cinco años con una sola posibilidad de reelección. Es decir que Blanco debería haber finalizado su mandato en diciembre de 2021.

En el ERSEP advierten que sobre el tramo final de su primer mandato Blanco renunció a su cargo, por lo que el periodo que se toma como el primero es el que comenzó en diciembre de 2016 y que tiene mandato hasta 2024. “Es ridículo”, dice Rossi, que advierte que debería aplicarse el mismo criterio que se utiliza para todos los cargos electivos de la provincia. “Yo ya cumplí un mandato como legislador y no puedo renunciar sobre el final del mandato para volver a presentarme y continuar después de 2027”, ejemplifica.

Rossi ya había apuntado contra Blanco en 2021, cuando pidió su renuncia al cargo luego de validarse un aumento en la tarifa del agua.

Interna
El movimiento se da en medio de la tensión desatada en el radicalismo mediterráneo luego de que Rossi se abstuviera en la discusión de la ley que subió los aportes del personal estatal provincial. Titular del bloque Contruyendo Córdoba, una escisión del armado legislativo boinablanca, Rossi asumió que su decisión, que buscaba desnudar un doble estándar en el partido bicentenario que se opone a políticas llaryoristas que no cuestiona a nivel nacional, se trató de un “error político”.

Luego de ser fuertemente cuestionado por los integrantes de su partido y quedar en el ojo de la discusión pública, la intención de Rossi es volver a ganarse la confianza del resto del interbloque integrado por las fuerzas que dan forma a la versión cordobesa de Juntos por el Cambio.

Quedará en veremos la posibilidad de una reunificación total del espacio, aunque la intención principal es que el espacio recupere su rol como principal fuerza opositora. Con esa tarea, que en cierto modo retoma su accionar tradicional en la Legislatura, Rossi comenzó a accionar con una denuncia que por ahora se manifiesta sólo en la discusión pública, pero que promete llevar al recinto cuando la actividad se retome el próximo 1 de marzo.

Con informacion de Letra P.