Se viene un nuevo modelo para privatizar

Javier Milei y su entorno de mayor confianza tienen una sospecha. Creen que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está cómodo con el plan económico que implementa Luis Caputo, un esquema que le permite a la Argentina reducir el quebranto del Estado y acumular reservas en el Banco Central progresivamente. Es una mala noticia para el Presidente.

 
 
Con Washington en su zona de confort, la conducción del principal acreedor del país no tiene motivaciones propias para acelerar la salida del cepo cambiario y darle a la economía el último empujón normalizador con vistas a que despegue. Eso es lo que realmente quiere Milei.

El tema está presente en conversaciones que se retoman con frecuencia en los últimos días alrededor de los funcionarios que tallan en la economía y asisten a las reuniones en Casa Rosada. Discuten de eso Caputo, Nicolás Posse y el propio Milei, entre algunos pocos otros.

 
La diferencia de criterios con el Fondo va más allá de lo conceptual y tiene efectos prácticos. El Gobierno necesita más recursos provenientes de afuera para unificar el precio del dólar y liberar el acceso a la divisa. Espera que el organismo vuelva a ser colaborativo, como en el pasado. Se requieren US$15.000 millones, según transparentó el propio Presidente. La Casa Rosada, sin embargo, maneja escenarios en los que podría recibir una cifra menor.

Economía tiene planes por si falla la primera opción, o para complementarla. Hay un canal de diálogo abierto con Arabia Saudita para facilitar la llegada de dólares que ayuden en la salida del cepo. Es la principal apuesta alternativa, entre otras, que también involucran a otros países árabes y se vienen macerando desde el día después del cambio de gobierno.

 
La Casa Rosada decodifica las recomendaciones del Fondo envueltas en la cordialidad diplomática. El hecho de que la tensión no sea explosiva no quita que fastidie. Molesta, por caso, que los enviados de Washington hablen de mejorar la calidad del ajuste después del recorte dramático que hizo Milei en los primeros tres meses de gestión para equilibrar las cuentas públicas.

 
El cambio es notable en algunos protagonistas. En las primeras reuniones que tuvo Luis Cubbedu con funcionarios del nuevo gobierno, a principios de año, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental machacaba en la necesidad de reducir subsidios. Las mismas personas que volvieron a verse las caras recientemente con funcionarios del Fondo aseguran haber entendido que les pidieron ir más lento con la reducción de la asistencia estatal, siempre sin lacerar el objetivo del equilibrio fiscal.

El FMI no es el único metamórfico. Luis Caputo también está distinto, sostienen los funcionarios que se encontraron con el perfil generoso del hombre cuyo rostro representa mejor que nadie el ajuste histórico que está haciendo Milei. Es cierto, también, que son pocos los que conocen ese costado del jefe de Economía.

 
El propio ministro les puso freno a sus compañeros de Gabinete que querían ir más rápido en ciertos capítulos de la motosierra. Levantó el pie del acelerador que conducía a un mayor aumento en las tarifas de luz, gas y agua por dos motivos. El primero es que las cosas, en términos fiscales, salieron hasta ahora mejor de lo que él mismo esperaba. Pero también porque los aumentos en servicios regulados tienen un correlato en la caída de la actividad y en el índice de precios al consumidor.

En resumen: no es cierto que Economía no le presta atención al nivel de actividad. Está discutido con Nicolás Posse y con el propio Milei. Nada hace pensar, sin embargo, que el objetivo de equilibrio presupuestario de 2024 esté en discusión, en parte, por la simbiosis entre el Presidente y el ministro. Quienes van a las reuniones de Gabinete son la platea de un juego sin fin en el que ambos se retroalimentan en la misma dirección.

 
El ministro más temido por sus compañeros dio muestras en el último tiempo de que tiene la voluntad de abrir una hendija en la caja, con precauciones. Es un escenario que hubiese resultado imposible de adivinar a principios de año.

Sandra Petovello (Capital Humano) se molesta cada vez que le preguntan si hay tensión con el jefe de Economía. Dice que se entienden muy bien, incluso cuando hablan de plata. Y la propia Patricia Bullrich (Seguridad) obtuvo de su excompañero en el gobierno de Mauricio Macri el compromiso para girar los fondos que permitan terminar un conjunto de cárceles cuyas obras están avanzadas.

La sagacidad de Caputo para transitar en silencio canales que van en contra de la corriente general que proponen Milei y él mismo se corrobora en el sector energético mejor que en ningún otro. A tal punto que el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, es la envidia del resto de los funcionarios.

 
Economía mantiene abierta la compuerta para asistir con dinero a la terminación de las obras complementarias del Gasoducto Néstor Kirchner. Son plantas compresoras que le permitirán meter más gas al caño. A fines de mayo próximo, pasarán por allí 11 millones de metros cúbicos (m3) diarios provenientes de Vaca Muerta, un 22% más que el volumen actual.

Veinte días después arrancará el invierno y aumentará la demanda del hidrocarburo que estuvo entre las desgracias económicas que arrastraron a Sergio Massa.

 
La expedición empresaria del Gobierno, que frenó más de 2000 obras desde su llegada, tiene una razón justificada por el Excel. Enarsa, la empresa encargada de la importación de gas, ya cerró la compra de 10 barcos con gas natural licuado para el año. En total, espera recibir 30 en el año, por los que pagaría U$S680 millones. Otros años, los convoyes que llegaban a las terminales costaron hasta U$S2000 millones.

La situación es paradójica. Caputo le sacará provecho a una obra que hizo la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa para sacarse de encima la crisis derivada por la invasión de Rusia a Ucrania. El año pasado, la suba de precios del gas fue uno de los motivos que sumaron complicaciones a una gestión tambaleante.

El ministro, además, ahorrará dólares asumiendo el rol empresario del Estado que detesta Milei. Una vez más, la aplicación práctica de la escuela austríaca puede tener expresiones que sorprenderían a los padres fundadores.

El Gobierno seguirá adelante con otros emblemas kirchneristas de la obra pública. Martín Tolivia es un abogado que trabaja en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Está haciendo los papeles para pedirle en las próximas semanas a China un desembolso cercano a lo US$700 millones correspondientes al financiamiento de las centrales Kirchner y Cepernic, que hoy están frenadas. Es una obra llena de problemas financieros que difícilmente se termine en este mandato.

El estatismo empresario del Gobierno no debe llevar a confusión. Se trata solo de preparar el terreno para avanzar en cambios duraderos similares a los de los años 90. De esa inspiración surgió el modelo que madura para privatizar empresas a las que se resiste a desprenderse la oposición dialoguista.

Es sorprendente la nueva sintonía de los funcionarios de Milei con algunos dirigentes radicales. De los roces al interior de esa comunión, que está a prueba, surgió la idea de listar en bolsa empresas públicas que pueden llegar a ser viables en manos privadas, pero que la oposición no está dispuesta a soltar del todo a través del voto legislativo. El caso emblema es el Banco Nación.

Los radicales no quieren privatizar la entidad financiera, como les piden los encargados de negociar por el lado de Milei. Estos últimos, a su vez, no se resignan. Por eso, se preparan para abrir una parte de su capital social, permitir el ingreso de la inversión privada y, antes que nada, someter al banco a las auditorías que son comunes para las compañías que compiten.

Es la resurrección del modelo de YPF, como le llaman en el Gobierno. La empresa bajo control estatal está en el régimen de oferta pública desde 1993. Durante la gestión de José Estenssoro, con Domingo Cavallo en Economía, se listó en las bolsas de Nueva York y de Buenos Aires. Eso equivale a aceptar los controles más rigurosos del mundo.

La apertura del capital accionario de empresas públicas tiene un capítulo político, ya que debe ser aprobada por el Congreso. El equipo de Milei tiene el tema estudiado. Señalan que Lula hizo algo similar con el Banco do Brasil en 2010. Y en 2012, cuando la gestión de la expresidenta estatizó el control de la petrolera, la propia Kirchner decidió que la compañía continuará ofertada en Nueva York por recomendación de Miguel Galuccio, presidente de la petrolera en ese entonces.

Hay más. En febrero pasado, en su carta abierta a propósito de los primeros meses de la gestión de Milei, la expresidenta hablaba de contemplar la transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada “como se hizo con YPF antes de su desnacionalización”. Se refería, sin mencionarlo, a la decisión de Estenssoro.

 

La emblemática petrolera es, en sí misma, ejemplo del adelgazamiento de hecho del Estado. Su presidente, Daniel Marín, tiene el visto bueno para avanzar en la venta de su constructora, AESA. Y también se deshará de bloques de hidrocarburos menos convenientes a cambio de varios millones de dólares.

Hay más preparativos para que las nuevas joyas de la abuela tengan un rol importante en el intento por equilibrar las cuentas públicas. Un episodio que envuelve a una dependencia de Economía lo muestra como casi ningún otro.

En los próximos días finalizarán las concesiones de las denominadas centrales hidroeléctricas del Comahue, que concluyeron el año pasado, pero fueron renovadas por períodos cortos. Es un paquete de activos que incluye a las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados. Pasarán al control de la estatal Enarsa.

Los abogados que definen la cuestión de la energía le acercaron a Rodríguez Chirillo una propuesta para crear una nueva sociedad que les permita recibir a las cuatro generadoras. Este hombre de confianza de Javier Milei y delfín del exministro Carlos Bastos los mandó a rehacer los deberes. Quiere que cada una de esas hidroeléctricas esté administrada por una sociedad para que sea más fácil volver a privatizarlas.

Las empresas privadas que buscan sacarse al Estado de encima desde que fueron empujadas al lodo por las creaciones de Néstor Kirchner y Julio De Vido tomaron nota de los nuevos tiempos.

Central Puerto, Pampa Energía, YPF y la norteamericana AES, entre otras, comparten con el sector público la propiedad de las generadoras San Martín y Belgrano. Su construcción se decidió en 2005 como opción para que el Gobierno salde parte de la deuda que tenía con ellas. Las empresas ya le pidieron a Enarsa juntar todas sus participaciones en una de las dos y que la otra quede para el Estado.

La ola privatizadora seguirá con cosas más grandes, cercanas al corazón kirchnerista. Para terminar la segunda parte del Gasoducto Néstor Kirchner, una obra que el Gobierno considera estratégica, se necesita inversión privada. Es una oportunidad para que se concrete una iniciativa ambiciosa: crear una nueva e importante empresa transportadora de gas -que se sume a TGN y TGS- para administrar el caño que lleva el nombre del expresidente y sus ampliaciones.

Tres nombres aparecen como los candidatos naturales, desde la mirada oficial: las constructoras Techint (el holding que maneja Paolo Rocca), Sacde (de Marcelo Mindlin) y Pumpco, la empresa de los hermanos Mas, dueños del Inter Miami, el equipo de Lionel Messi.

El Gobierno quisiera incluso vender las hidroeléctricas Kirchner y Cepernic. Valen US$5000 millones. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya preguntó por ellas, pero todo el mundo sabe que no le alcanza la plata.

Con información de La Nación, sobre una nota de Pablo Fernández Blanco