Los interrogantes que deja la ley ómnibus

Finalmente, luego de largas negociaciones, tuvo media sanción la ley ómnibus, donde los capítulos económicos más importantes son el laboral, el fiscal y el incentivo a las inversiones extranjeras.

El capítulo laboral es relevante por la tasa de desocupación que hay en Argentina y por la pobreza e indigencia. Si bien la demanda de trabajo no es solo función de la legislación laboral, es un punto clave para ver si se revierte el estancamiento laboral que ya lleva 12 años.

Entre enero de 2012 y enero de 2024 los puestos de trabajo en el sector privado formal aumentaron en 262.000, a un promedio anual de 21.800 en los 144 meses considerados. La nada misma.

Por el contrario, el sector público nacional, provincial y municipal aumentó su dotación de personal en 895.000 puestos de trabajo. En realidad, no son puestos de trabajo. Son conchabos en el estado.

El sector público aumentó su dotación de personal 3,4 veces más que el sector privado en los 12 años considerados.

Las razones para que el sector privado casi no creara puestos de trabajo son varias: la baja tasa de inversión por ataque a los que arriesgan su capital en emprendimientos; la legislación laboral; y la consolidación de los planes sociales a lo largo de estos 20 años que hace que la gente no quiera trabajar en blanco porque pierden su plan "social". Prefieren vivir de una serie de planes sociales y hacer changas que tener un trabajo en el sector formal de la economía.

La eliminación de las multas por haber tenido personal en negro es un buen estímulo para que las empresas quieran tener a su personal en blanco. El riesgo de tenerlos en negro es muy alto por los juicios que puede recibir una empresa.

El gran interrogante que se presenta es si ese blanqueo de personal sin costo hará que los que hoy trabajan en negro quieran pasar a trabajar en blanco.

Si no se eliminan los planes sociales, dejar los planes sociales y tener unas changas en negro es mucho más estimulante para el piquetero que trabajar en blanco.

Personalmente he recorrido el país dando conferencia sobre la situación económica y tengo una pregunta que siempre hago cuando llego a un lugar: ¿consiguen personal para trabajar?

La respuesta invariable es: "en negro sí, porque no quieren perder los planes sociales si los contrato en blanco".

Si bien la propuesta de quitar las multas para los que tenían personal en negro es una buena idea, todavía hay que ver cómo reaccionan por el lado de la oferta: ¿querrá la gente pasar al sector formal de la economía perdiendo los planes sociales?

Existiendo los planes sociales, la diferencia entre lo que juntan con planes y lo que cobrarían como salario no es lo suficientemente importante para dejar los planes y ponerse a trabajar en blanco.

Para que la diferencia sea importante tiene que haber una avalancha de inversiones que aumente la productividad de la economía, eleve los salarios reales en el sector formal de la economía y lo que juntan en planes queden totalmente relegados frente al salario que podrían cobrar de ir a trabajar.

La realidad es que para llegar a esa diferencia tiene que pasar mucha agua bajo el puente y, por lo tanto, por más que se quiten las multas por haber tenido personal en negro, tal vez, no modifique demasiado el trabajo formal, no tanto porque el empleador no quiera, sino porque el empleado no quiera pasar al sector formal.

En materia impositiva, el aumento de ganancias, más el incremento del impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% para todos los productos, junto con el incremento del impuesto a los combustibles y todos los impuestos colgados de las tarifas de los servicios públicos, muestran una fuerte tendencia a cerrar las cuentas fiscales con mayor carga tributaria que con motosierra. Por el contrario, hasta ahora se usó más la licuadora que la motosierra.

En lo que hace al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para el ingreso de inversiones para bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Entre los numerosos incentivos se destacan la rebaja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, la exención de cualquier otro impuesto provincial o municipal, arancel del 0% para importaciones, retenciones del 0% desde el tercer año, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.

De acuerdo al texto aprobado, se consideran grandes inversiones aquellas que tienen un mínimo de US$ 200 millones.

La cantidad de beneficios que tiene este capítulo de la ley puede generar incentivos, pero es contraria al principio de igualdad ante la ley. Todos deberían tener derecho a este tipo de beneficios independientemente de la inversión que hagan.

Pero tampoco queda claro cómo operará la autoridad de aplicación porque puede dar lugar a grandes bolsones de corrupción.

En síntesis, hay medidas en esta ley ómnibus que están bien orientadas, pero algunas de ellas parecen tener problemas de implementación que pueden derivar en casos de corrupción, como el mencionado en el párrafo anterior o bien problemas para tener personal en blanco como es la existencia de planes sociales.

Finalmente, el fondo de cese tiene un costo financiero para las empresas que, incluso, nunca podría llegar a utilizarse. En otras palabras, eleva el costo laboral y debería ser opcional para las empresas.

Las empresas van a tener que aportar mensualmente el 8% del salario del trabajador para el caso de despido. ¿Y si nunca lo despide, qué pasa con esos fondos?

CON INFORMACION DE MDZOL.COM