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Además del ya famoso oro teledirigido hacia Londres, y algún que otro bono reestructurado en octubre del 2020 y no tan cascoteado por los mercados, el Gobierno tiene un as en la manga como garantía de la megaoperación que está preparando el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo para conseguir fondos frescos y asegurar el pago de toda la deuda argentina hasta enero de 2026. Y, si se puede, más allá también.
Economía necesita algo menos de 20.000 millones de dólares para cumplir con las exigencias de los vencimientos de los Globales y Bonares, además de otros vencimientos escalonados, y se prepara para organizar un REPO con bancos y fondos de inversión internacionales. Un mecanismo al que se puede recurrir cuando las colocaciones voluntarias en los mercados mundiales no están disponibles, salvo que se quiera pagar una tasa de interés superior al 20% anual.
Como esa alternativa es una utopía, lo que evalúa Luis "Toto" Caputo es avanzar en una operatoria con garantías, con el oro del Banco Central redirigido a la Citi londinense como estandarte. Pero como se trata de no más de 1.000 millones de dólares, hay que buscar otros activos financieros de garantía.
El respaldo de FGS
Es así que el Gobierno está decidido a un paso valiente y riesgoso: sumar algunos activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la mayor fuente de activos de la Argentina y que, en total, y nominalmente, sumaban para diciembre del 2023 (último dato oficial disponible) unos US$ 71.000 millones.
El FGS, que históricamente estaba manejado por la Anses, pasó a manos del Ejecutivo en diciembre del año pasado, y desde enero de 2024 es administrado por el Ministerio de Economía. El movimiento estaba incluido en la fallida Ley Ómnibus, pero finalmente quedó bajo custodia del Palacio de Hacienda a partir del DNU 70/2023. Y ahí quedó.
Legalmente, no habría dificultades en la operación de colocar activos del FGS en garantía de un REPO, ya que las dificultades llegarían si el Gobierno quisiera vender el contenido financiero del Fondo. O si, eventualmente, no se pagara en tiempo y forma el dinero obtenido por el REPO, y el acreedor decida avanzar con la liquidación de las garantías.
Pero como es tiempo de optimismo, Economía afirma que a partir de la posibilidad de aportar el FGS, la alternativa de acelerar la obtención de dinero para garantizar los pagos hasta enero de 2026 podría ser una alternativa financieramente posible.
Señales al mercado
El dato de la garantía del cumplimiento de estas obligaciones fue expuesta el martes pasado por Caputo y Santiago Bausilli, en una reunión con los Agentes de Negociación, Liquidación y Compensación (ALYCs), donde el ministro y el presidente del Banco Central hablaron sobre los tiempos próximos futuros, adelantando que ya estaban asegurados por un año y medio, los pagos de capital de toda la deuda pública soberana en dólares (neteada del sector público).
Esto incluye los vencimientos de Bopreales y Globales reestructurados en octubre del 2020 para enero y julio de 2025 y enero de 2026. Los pagos de enero sumarían unos US$ 5.100 millones, mientras que los de julio del próximo año alcanzarían los U$S 2.500 millones. Junto con todos los vencimientos para cerrar el próximo ejercicio y hasta febrero de 2026, el dinero necesario alcanzaría los US$ 19.500 millones.
De conseguir los fondos a través del REPO, el Gobierno tendría además manos libres para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr dinero fresco por unos US$ 10.000 millones desde el organismo, pero para destinarlos exclusivamente a la apertura del cepo.
Para que esto sea posible, Caputo necesita liberarse de la posibilidad de pagar la deuda comprometida para el próximo ejercicio, sabiendo que es imposible acceder a fondos voluntarios. Por esto el REPO. Se sabe que las garantías serán primero el oro girado a Londres. Y quizá algún título público algo sólido. La tercera, y más amplia, fuente de garantías sería el FGS.
El "socio" obligado
La gran curiosidad del FGS es que el fondo mantiene la participación accionaria del Estado en unas 41 empresas privadas argentinas. Entre ellas las del Banco Macro (27,49% del total), Edenor (26,81%), Gas Natural Ban (26,63%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), San Miguel (26,06%), Ternium (26,03%) y Consultatio (24,88%).
También tiene acciones de las firmas Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión Holding, Molinos Agro y Molinos Río de la Plata, Mirgor, Grupo Financiero Galicia, Grupo Clarín y Ledesma, entre otras. Todas estas tenencias de empresas privadas entraron al dominio público luego de la reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) en octubre de 2008.
De acuerdo con las cifras oficiales, en noviembre de 2015 la participación de proyectos productivos en el total del FGS había logrado alcanzar su pico más alto, llegando al 12,9%. Sin embargo, al finalizar 2019, marcó un retroceso significativo en la inversión alcanzando el 3,8%.
El FGS posee US$ 31.317 millones de bonos del Tesoro nacional. En detalle, el FGS cuenta con tenencias de 33,5 billones de pesos en títulos del Tesoro en moneda local, un 72,3% del total de su cartera a febrero pasado. De ese total, el 45,3% corresponden a títulos atados a la inflación, y otro 36,3% a bonos indexados al tipo de cambio oficial.
Un 13% corresponde a las tenencias de empresas. Tiene también en cartera Obligaciones Negociables por un total de 3.000 millones de dólares, la mayoría concentrada en los sectores de petróleo y gas. La carpeta se completa con unos 800 millones de dólares en fondos comunes de inversión.
CON INFORMACION DE MDZOL.COM
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