Milei no afloja y promete más recortes en el Estado

El presidente, Javier Milei, siente que está atravesando su mejor momento. Los mercados financieros continúan acompañando sus decisiones gubernamentales y goza del apoyo de líderes mundiales de la talla de la primera ministra, Giorgia Meloni y el presidente electo, Donald Trump.

Envalentonado, el líder libertario parece decidido a profundizar su plan motosierra. Su argumento es claro: sostiene que, a pesar de los recortes efectuados desde el inicio de su gestión, su imagen se ha mantenido estable y una porción importante de la sociedad está dispuesta a seguir acompañando el rumbo económico adoptado por el Ejecutivo.

Antes de viajar a Italia, país en el que defendió su gestión y volvió a reunirse con la máxima mandataria del país europeo, Milei adelantó qué áreas atacará durante su segundo año de gestión. Lo hizo en cadena nacional. Mientras le hablaba a todo el país, el presidente señaló que impulsará una serie de reformas: impositiva, previsional, laboral, penal y política. Agregó que el gasto público estará bajo la lupa de las auditorías porque desea un Estado aún “más chico, efectivo y barato”.

Milei cree que los 34 mil despidos de trabajadores estatales y la reducción de ministerios de 18 a 8 no son suficientes. “Continuaremos eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir”, prometió. El encargado para esa tarea sería el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, el funcionario ya tiene aceitado un plan que dinamitará o, en el mejor de los casos, fusionará organismos que el Gobierno considere innecesarios o duplicados.

A los estatales ya expulsados del Estado podrían sumarse miles más en caso de no aprobar el examen de idoneidad que tiene planeado el Ejecutivo para ellos. Según números del Indec, hasta el mes de octubre la planta de personal del Estado pasó de 343.353 personas a 305.688. “Son capas geológicas creadas para colocar militantes”, argumenta Milei.

Mientras el Gobierno avanza con los exámenes de idoneidad, los sindicatos de ATE y UPC lo catalogan de “humillante” para empleados y empleadas con 10 a 20 años de actividad. En ese contexto, deberíamos esperar más medidas de fuerza y conflictividad en las calles que podrían enfrentarse al protocolo antipiquetes de Bullrich.

También están en revisión un grupo de empresas públicas que podrían ser privatizadas. En esa lista ingresan Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Correo Argentino, Aysa, Arsat e intercargo. El número podría incrementarse a 60.

En mayo, Milei les exigió a los gobernadores que el gasto público debía reducirse al 25% del Producto. En síntesis: para alcanzar esa cifra la motosierra deberá acelerar. Según datos del Centro de Economía Política (CEPA), el gasto público total alcanzó los $8,2 billones en septiembre, con una disminución real interanual del 25,2%. Esta baja es menos severa que el ajuste anual acumulado, que se ubica en el 29,5%. Entre los rubros más afectados, las jubilaciones sufrieron una caída del 11% en septiembre y la obra pública experimentó una drástica reducción del 73%.

Por otro lado, los recortes en sectores clave como educación (-98%) y vivienda (-93%) son especialmente preocupantes, ya que dejan a estos sectores casi paralizados. La reducción en el sector energético (-35%) fue más moderada, en gran parte debido a la continuidad de la construcción de la Planta Compresora de Salliqueló.

Los subsidios económicos, en tanto, se vieron reducidos en un 13% respecto al año anterior, manteniendo el mismo porcentaje de ajuste que en agosto. Este 13% representa el menor recorte interanual registrado en 2024. El informe revela que de cada $100 recortados, $25,30 provinieron de jubilaciones, $23,70 de obra pública y $13,40 de subsidios. Los restantes recortes se distribuyeron en áreas como los Gastos de funcionamiento del Estado ($12,30), las Prestaciones sociales ($10,60) y las Transferencias a provincias ($7,70).

A octubre, el superávit fiscal acumulado ascendió a $2,4 billones, superando las metas establecidas con el FMI. A pesar de contar con un margen fiscal positivo, el gobierno decidió no aumentar las jubilaciones ni recomponer los salarios universitarios, ni reactivar la obra pública, lo cual refleja una falta de sensibilidad social frente a las necesidades de los sectores más vulnerables.

Por otro lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) destacó en su informe que, en los primeros nueve meses del año, los ingresos totales cayeron un 6,3% real interanual, mientras que el gasto primario descendió un 29,5%. Esto permitió que el superávit primario alcanzara los $9,5 billones, equivalentes al 1,7% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit fiscal llegó a los $2,4 billones, o el 0,43% del PBI.

El ajuste fiscal, que suma un total de 3 puntos porcentuales del PBI en lo que va del año, es uno de los más significativos, según el informe de Iaraf, dirigido por el economista Nadín Argañaraz.

Si bien existen indicios de que la actividad económica podría haber tocado fondo (con un crecimiento del 1,7% mensual en julio, según los últimos datos oficiales), el gasto de los consumidores, la industria y la construcción continúan profundamente deprimidos en comparación con 2023.

En cuanto a la visión del gobierno sobre el futuro económico, el ministro de Economía, Federico Sturzenegger, fue claro: "Nos hemos acostumbrado a ver al Estado como una especie de niñera que debe ocuparse de todo, desde alimentar hasta entretener a cada ciudadano. Vamos a auditar todos los gastos del Estado. Seguiremos eliminando organismos, secretarías y empresas públicas. Cuanto más pequeño sea el Estado, mayor será la libertad para el sector privado".

CON INFORMACION DE INFOBAE.