Santiago Caputo abre otra interna

Con una movida que ignora a especialistas del Estado, la administración de Javier Milei contrató estudios de abogados privados para asesorar y armar los pliegos licitatorios para la privatización de Belgrano Cargas y Logística. El proceso abrió una nueva interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher.

Las huestes de Caputo le endilgan al exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano y exinterventor de Télam estar frenando desde fines de año pasado las privatizaciones y concesiones de empresas estatales con observaciones administrativas y reparos legales que demoran los tiempos licitatorios.
 
Pese a que fue creada para “asistir e intervenir” en el diseño y concreción de las licitaciones, la agencia de Chaher fue marginada tanto de la convocatoria fallida por la hidrovía como de los procesos para la reprivatización de las hidroeléctricas del Comahue, la venta de acciones de Transener, las concesiones viales y la prometida transferencia de AySA.
Santiago Caputo y la familia Neuss
Desde mediados del año pasado, Caputo controla la empresa Belgrano Cargas a través de Alejandro Nuñez, asesor financiero y socio de Jorge Germán Neuss en la consultora GC Fintech SA.
El grupo integrado por los hermanos Neuss tiene llegada directa al asesor de Milei y por esta vía lograron ubicar al frente de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a Osvaldo Rolando, antiguo responsable de la distribuidora eléctrica rionegrina que maneja el holding familiar.

A seis meses del desembarco de Rolando, el grupo Neuss se asoció con los dueños de Newsan (Rubén Cherñajovsky y Luis Galli) y de Inverlast Investments (Guillermo Stanley y Carlos Giovanelli) para crear la firma Edison Energía y adquirir un paquete de activos eléctricos que abarca a las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportadora Litsa y la hidroeléctrica mendocina Cempsa.

Tras la asunción de Nuñez en el Belgrano Cargas, los Neuss comenzaron a interiorizarse en el negocio ferroviario con la mira puesta en la privatización de la empresa que Milei prometió llevar adelante y para la cual ya cuenta con la aprobación del Congreso por medio de ley Bases.

El anuncio de la privatización
Anunciada en octubre del año pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la puesta en marcha de la transformación del Belgrano Cargas se dio recién a mediados de febrero mediante el decreto 67/25 que autorizó “el procedimiento para la privatización total” que, en los práctica, deberían llevar adelante el ministerio de Economía, Toto Caputo y la ATEP de Chaher.

Las diferencias entre Santiago Caputo y Chaher surgieron por la forma y la configuración previstas para la “desintegración vertical y privatización” de la ferroviaria estatal que cuenta con una red total de 7.600 kilómetros de vías de las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Inicialmente, el esquema diseñado por Chaher contemplaba para cada línea una segmentación en siete unidades de negocios: una concesionaria de vías, el traspaso de los talleres a dos concesionarios y la cesión en comodato de locomotoras y vagones a cuatro empresas distintas que se encargarían de la puesta a punto y alquiler de las formaciones a los cargadores que demanden sus servicios.

Después, Nuñez modificó el renglón referido al material tractivo y rodante y quedó establecido que locomotoras y vagones se van a vender mediante un remate público.

Ante determinadas objeciones legales planteadas por la ATEP, Nuñez recibió instrucciones para que despeje el camino con la contratación de estudios jurídicos privados.

Con esta finalidad y con un presupuesto estimado de algo más de u$s 580.000, la ferroviaria estatal hizo el llamado para la licitación pública nacional 34/25, iniciativa que contiene varios puntos llamativos.

Estudios jurídicos privados para la licitación
Los estudios jurídicos y consultoras privadas que quieran participar cuentan con sólo 20 días para reunir los antecedentes económicos y técnicos vinculados con el sector ferroviario, certificar la documentación solicitada y presentar las ofertas.

Los requisitos exigen especialistas en Derecho Público y Administrativo, Privatizaciones, Mercado de Capitales y Finanzas; Compliance y en las áreas tributaria y laboral.

Las ofertas deben entregarse en un único sobre a una comisión evaluadora que analizará el cumplimiento de las exigencias formales y técnicas y el precio cotizado.

No hay un sistema de puntaje y de aquellas ofertas que resulten “admisibles”, se elegirá aquella que resulte “más conveniente al solo criterio de la empresa”. De esta manera, la adjudicación podría recaer en una oferta que no sea la más económica de las que lleguen a la instancia final.

El plazo del asesoramiento privado fue fijado en cuatro meses, pero no descarta que ante la complejidad que presenta la modalidad de privatización, este tiempo se estire por otro período similar.

Según la letra chica del pliego, las consultores y estudios jurídicos privados deberán “preparar la documentación licitatoria; realizar la tasación de vías, inmuebles, talleres, locomotoras y vagones con el organismo que se contrate para tal fin; y sustanciar los procedimientos competitivos de selección, la adjudicación y la firma de los contratos de concesión”.

CON INFORMACION DE LETRAP.