The last dance cordobés: tiempo de descuento para la re-re de los intendentes

“Todavía no está cerrado, pero la expectativa fue bajando”. Aunque cargada con un dejo de resignación, la postura de uno de los intendentes cordobeses que brega por un cambio en la reglamentación electoral que les permita en 2023 competir por un mandato más a quienes gobiernan municipios sin Carta Orgánica, la famosa re-reelección, pone el ojo en la sesión de este miércoles en la Legislatura. Será la última del año y el oficialismo y la oposición tendrían la oportunidad de correrse de la negativa a modificar la ley y dejar que los efectos de una enmienda, que se asume será condenada por la opinión pública, se diluyan con el devenir del verano y el receso general de la actividad. Con un historial de idas y vueltas que ya lleva más de un año, la incertidumbre de cara a este 28 de diciembre es casi insólita para el funcionamiento legislativo cordobés. 

Desde que empezó a ocupar un lugar central en la vida política mediterránea, la discusión entre jefes y jefas comunales con las autoridades y cabezas partidarias de la provincia se sucedieron en un sinnúmero de pedidos, reclamos y posturas inconmovibles. Con judicialización y amenazas de quiebres transversales en el medio, fue el propio gobernador Juan Schiaretti el que, al menos en dos oportunidades, intentó sepultar el tema en lo más profundo de las cajoneras legislativas. Sin embargo, con el comienzo del último mes del año, el municipalismo arremetió con sus exigencias y, de la mano de un escenario que ofrece más temores que inseguridades para las grandes fuerzas políticas que se disputarán la gobernación el año próximo, parece haber abierto una expectativa que terminará de definirse este miércoles.

Aunque el oficialismo tiene los números suficientes como para avanzar con la reforma en soledad, Schiaretti ya dejó claro que solo dará el visto bueno para su aprobación en un marco que replique los acuerdos que, en 2016, aprobaron la reforma electoral que pone un tope de dos mandatos consecutivos para todos los cargos electivos de la provincia. Aquella vez, con una relación de fuerzas legislativas mucho más ajustada que en la actualidad, la votación fue unánime. El patrón del PJ mediterráneo quiere que, esta vez, al menos haya un acuerdo entre los partidos mayoritarios.

La expectativa a la baja se explica principalmente por la postura del bloque de Juntos UCR que, a 24 horas de la última sesión del año, no vislumbra cambios de último momento. “Nos vamos a mantener firmes en nuestra postura de respetar las reglas del juego. Si el peronismo quiere cambiar, que se haga cargo”, señalan en el bloque boinablanca. “Vamos a respetar la ley que está vigente en Córdoba”, dijo el vicegobernador Manuel Calvo en una de sus últimas recorridas por el interior provincial, manteniendo también una postura que siempre fue sostenida por su entorno. “El tema no está en agenda”, repetían cada vez que se les consultaba por el ingreso de la cuestión al temario semanal de la Legislatura

Aunque no suele meterse en los asuntos de la vida legislativa de la gestión provincial, Martín Llaryora empezó a inquietarse con las críticas que, aunque apuntadas a la conducción partidaria provincial, empezaron a salpicarlo. “Hemos sido víctimas de un manoseo innecesario, hay muchos intendentes que estamos muy dolidos y no sé cómo se recompone esto”, advirtió a Letra P otro de los tantos intendentes que “esperaba otra actitud” por parte de la conducción provincial del peronismo.

Llaryora lo sabe y se preocupa. De hecho, la estrategia de muchas autoridades municipales empezó a apuntar directamente al intendente que quiere ser gobernador, que empezó recibir pedidos y a advertir que un eventual destrato a las jefaturas comunales podría generar algún tipo de efecto con el trabajo territorial que se había delineado previamente. Sobre todo teniendo en cuenta que un grupo díscolo ya había advertido sobre la posibilidad de abrirse para avanzar en la construcción de una alternativa política que le garantizara al intendentismo una representación legislativa que, producto de las negativas recibidas, empezaron a considerar inexistente.

 A los temores del llaryorismo se debe agregar la existencia de espacios alternativos al schiarettismo que, con conexiones satelitales con el peronismo mediterráneo, podrían usufructuar a su favor ese descontento. El Frente de Todos, por un lado y, aunque parezca extraño, el juecismo por el otro. Sin votos propios en la Unicameral, el espacio de Luis Juez podría también sacar rédito de los enojos con las cúpulas partidarias de su propio espacio coalicional y explotar el enojo del radicalismo del interior, que también ve cómo la conducción partidaria, que podría aportar los votos para habilitar su tratamiento, se mantiene inamovible en su postura de no innovar.

Si la decisión se materializa este miércoles, habrá casi 200 jefes y jefas comunales sin  chances de pelear para retener sus cargos que deberán redireccionar su GPS. Nadie se anima a vaticinar que el volantazo no tendrá consecuencias en la vida interna de las localidades y a nivel provincial.

La batalla más compleja tiene que ver con las exigencias que el batallón de intendentes sin destino representará para las conducciones partidarias provinciales. Allí se abrirá el debate por quiénes logran sumarse a las listas legislativas, un salto que solía ser común cuando Córdoba contaba con un sistema legislativo bicameral pero que comenzó a complicarse desde que el esquema de una sola cámara achicó los márgenes de maniobra.

Los casilleros que se pueden abrir en el nuevo gobierno provincial que alumbren los comicios de 2023 también son una posibilidad con la que las conducciones partidarias especulan para evitar que los enojos desemboquen en fuga de lealtades, de uno y otro lado de la polarización cordobesista.

Fuente: letrap.com.ar