El plan secreto del Gobierno para voltear las cuasimonedas en todo el país

Santiago Bausili lo había planteado en reuniones de directorio, apenas llegado al Banco Central, tras la salida de Miguel Pesce, no habría durante su gestión un sólo gobernador emitiendo “cuasi dinero” para solventar el agujero fiscal que produce el cese de emisión descontrolada y los lanzamientos a mansalva de dinero de Nación a las provincias, un método que sirvió durante décadas para someter los líderes del interior y conseguir leyes que permitan gobernar a discreción. Javier Milei lo avala y Luis Caputo también, es una decisión tomada, y MDZ accedió al documento que lo prueba.

Hay un organismo que con sigilo elaboró un informe que será el dictamen para nutrir al Gobierno en términos argumentales el final de las cuasimonedas, con La Rioja como leading case de un gobernador que no produce riqueza y espera la dádiva del poder Ejecutivo para gastar control, auditoría y un sistema de planes sociales que espantó al sector privado de la provincia de Carlos Menem. Es un dictamen del Instituto de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de la Capital Federal, preparado por los doctores Enrique Fernández Sáenz y Eduardo Barreira Delfino, director del Instituto, ambos abogados son parte del entramado de prestigio que el Gobierno busca tener cerca para las distintas estrategias legales futuras.

La tensión por el tema llegó a su pico máximo 30 días atrás, cuando Ricardo Quintela aseguró que tenía poder y lo demostró: la cámara de legisladores provinciales aprobó la emisión de 22.000 pesos de papel de cuasimoneda. Así comenzaron las idas y vueltas, hasta que finalmente los abogados elaboraron el dictamen que hoy MDZ publica en exclusiva, que demuestra que el Banco Central tiene la potestad de ir a la Corte Suprema, que las cuasimonedas no estarían reguladas contra maniobras de lavado de dinero y que en muchos escenarios no servirían como medio de pago, lo que la hace imposible de usar como moneda corriente, entre otros muchos factores detallados en el documento. 

Hay una serie de factores que explica, siempre a ojos de Fernández Sánez y Barreiro, la imposibilidad de usar en ninguna provincia las cuasimonedas: "Generan perjuicios a las personas que los reciben compulsivamente por parte del estado provincial dado que será objeto de descuento importantes o significativos, reduciendo sueldos y acreencias de quiénes los acepten. Ha sido común observar precios de mercaderías y servicios expresados en pesos y la posibilidad de aceptar bonos, pero a la hora de concretar las operación el pago en bonos resultaba cuando menos un 30% más caro". Es decir, no sólo no resolverá el tema fiscal, sino que va en directo detrimento de la capacidad de compra, es más caída de salario y menos consumo, generando un parate mayor en la economía regional. 

La impresión de papel de este tipo habilita al Banco Central y al Gobierno inclusive a tomar medidas judiciales en contra de los estados provinciales por violar la norma vigente. El BCRA podría denunciar a cada una de las provincias emisoras de bonos cuasimonedas ante la Corte Suprema, con el caso riojano como centro de debate. Así mismo,  el BCRA en la presentación ante la Corte podría solicitar la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes provinciales que autorizan la emisión de la cuasi moneda, por afectar la política monetaria que depende del BCRA, por disposición expresa de la Constitución Nacional.

La decisión del Gobierno está tomada: habrá una acción judicial contundente, sin espacio para negociar con gobernadores en este sentido, no habrá emisión monetaria independiente del Banco Central y las consecuencias legales para los caudillos del interior será fuerte. 

Con iformacion de MDZOL.COM