¿La Corte la quiere presa a Cristina o cajonea el expediente?

El Procurador General, Eduardo Casal, presentó hoy un dictamen que respalda la solicitud del fiscal Mario Villar para condenar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión en la causa Vialidad. Aunque el dictamen no es obligatorio, se esperaba para avanzar en el análisis del caso por parte de la Corte Suprema.

La defensa de Fernández de Kirchner recusó al juez Ricardo Lorenzetti, alegando que su postura pública de que la causa debía resolverse antes de las elecciones comprometía su imparcialidad. Lorenzetti respondió pidiendo a sus colegas, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que desestimaran la recusación por considerarla improcedente y sin fundamento normativo. Fuentes cercanas al juez indicaron que la defensa no cumplió con los requisitos del Código Procesal Penal para fundamentar su pedido.

Este caso gira en torno a una condena de diciembre de 2022 del Tribunal Oral Federal 2, que sentenció a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. La Cámara de Casación Penal ratificó esta condena en 2024. Sin embargo, el fiscal Villar busca añadir el delito de asociación ilícita, lo que podría elevar la pena a 12 años.

En cuanto a la recusación, la jurisprudencia de la Corte establece que los ministros pueden participar en la decisión de su propio apartamiento si el planteo carece de fundamento. La defensa no identificó el artículo correspondiente que justifique la recusación, y la afirmación de Lorenzetti sobre la urgencia de resolver el caso no es considerada una causa válida.

La causa Vialidad cuenta con un "doble conforme", lo que significa que la condena ha sido confirmada por dos instancias. En estos casos, la Corte generalmente rechaza los planteamientos sin analizarlos, como ocurrió en el caso Ciccone, que resultó en la condena del ex vicepresidente Amado Boudou.
Sin embargo, existen casos como el del ex presidente Carlos Menem, donde la Corte optó por remitir la resolución a tribunales inferiores. Esta opción también podría estar sobre la mesa para la ex presidenta, permitiendo un análisis más exhaustivo del expediente.

El desenlace del proceso puede tener importantes implicaciones políticas. Si la Corte confirma la condena, Fernández de Kirchner quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos y podría enfrentar arresto domiciliario. Por el contrario, si se acepta la apelación, podría buscar competir en las elecciones legislativas de octubre.
El fracaso reciente del proyecto de Ficha Limpia, que no logró aprobación, podría haber influido en el contexto político en el que se desenvuelve Fernández de Kirchner, quien ha sostenido que su condena tiene un trasfondo político.

La Corte deberá decidir en un plazo indefinido si desestima las apelaciones o si abre el caso para un análisis más profundo, una decisión que podría marcar el rumbo judicial y político de la ex presidenta y del país.