Pullaro antes que todo defiende los intereses de Santa Fe

El arte de la negociación política es lo que está en discusión como nunca en este momento de la Argentina. El ajuste fiscal que el presidente Javier Milei pretende lograr a través de la ley ómnibus y el mega DNU 70/2023 chocó de frente dos veces. Primero con la institucionalidad y en estos días con los gobernadores, quienes pueden llegar a dejar pasar de largo los cuestionamientos de forma, pero no aquellas medidas que les tocan recursos y productividad. Esta situación tiene ejemplos en la Región Centro, como Maximiliano Pullaro en Santa Fe, quien envió señales políticas, pero terminó levantando el dedo.

La modificación del articulado de la ley de biocombustibles le hizo caer la ficha al gobierno santafesino y se movió rápido para que no borraran de un plumazo toda la industria pyme del biodiesel. Hubo una reunión con Guillermo Francos en la Casa Rosada, como se contó en esta columna, y esta semana se envió una carta a la tropa legislativa pidiendo no acompañar algunos puntos de la ley.
 
Allí se cuestiona la “abrupta desregulación”, se pide “que se equilibren las condiciones con respecto a la industria hidrocarburífera” y reclama que "sea desconcentrada”, una forma de rechazar el ingreso de las petroleras al mercado y, puede leerse también, marcarle la cancha a las cerealeras. También expresa la “preocupación" por el hecho de que "en un programa de reformas de liberalización no se tenga en cuenta la rebaja de retenciones” y criticó los derechos de exportación al algodón y el maíz pisingallo.

La carta fue firmada exclusivamente por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y no por el gobernador, cuando se trata de un pedido nada menor hacia al conjunto de 22 legisladores y legisladoras nacionales que representan a Santa Fe. Incluso en el final se da un mensaje político al alertar sobre la delegación de facultades pedida por el Presidente al Congreso que tendría, entre otros, efectos productivos.
La rosca
La salida que encuentran los gobernadores perjudicados es hacer vínculos con integrantes del funcionariado nacional, aunque nada garantiza soluciones con un Presidente que apela a la intransigencia como estrategia política. La presión de los gobernadores para eliminar el articulado que destrozaba la industria pesquera nacional es un ejemplo de éxito.
Se señaló el ejemplo de Pullaro, aún sin definiciones, y en la región Centro también se mueven otros mandatarios. Es el caso del entrerriano Rogelio Frigerio, que le avisó personalmente a la canciller Diana Mondino de sus intenciones en la hidrovía, un tema en el que nadie quiere dormirse, pero sí dormir a sus pares.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora debe estar reviendo su apoyo prematuro al Presidente, porque en la semana declaró: “No me verán poner palos en la rueda, pero hay decisiones que son negativas, como ponerle retenciones a las economías regionales y al campo. Hay que colaborar, dar gobernabilidad, pero no voy a apoyar la suba de las retenciones”.

 
En la provincia mediterránea tienen al maní como una estrella. El Gobierno estableció un 15% de derechos de exportación al producto y se convirtió en tema de Estado provincial. Se trata de una industria en ascenso con fuertes niveles de exportación y con el detalle de tener en el juego al magnate Roberto Urquía, titular de la Aceitera General Deheza (AGD) y de aceitados vínculos con la política, sobre todo en el peronismo, al que representó como senador en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Otro que interviene en el asunto como puente es Luis Juez. El lobby se impone y la casta le da sustento a pesar de las quejas del Presidente.

“Buenas noches, jefe. La Bolsa de Comercio de Rosario quiere invertir en obra pública a la chilena…”. La respuesta del Presidente, juran, fue positiva y hasta pidió que el asunto lo siguieran con el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, en una reunión para los próximos días. En realidad fue la presentación de la Agenda Pública donde se tratan las obras y el financiamiento privado que la entidad le presenta a todos los políticos, pero que esta vez se lo mostraron a la diputada Rocío Bonacci de La Libertad Avanza y a sus pares provinciales Edgardo Porfiri y Silvia Malfesi. Otro lobby, pero que se encuadra en las conveniencias del mandatario y con un puente propio.

Al dictarse tantas materias en el DNU y la ley ómnibus, inexorablemente se tocan intereses en proporción y se abren conflictos imprevistos que sólo la política -con los gobernadores a la cabeza alambrando sus territorios- se digna a resolver, por más que el Presidente reniegue.

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego