¿Qué tiene Martín Llaryora en la cabeza?

En el centro de la escena, Martín Llaryora se mueve con comodidad. Así quedó demostrado esta semana, en la que no sólo anunció una reformulación general para su gestión en Córdoba, sino que tuvo un rol central en la aprobación en general de la ley ómnibus que el gobierno de Javier Milei celebró como su primera victoria legislativa, pese a la derrota que supuso no haber podido completar el trámite en la Cámara de Diputados. Con el teléfono abierto, el gobernador de la segunda provincia más grande del país se abocará al trabajo de afinar la letra chica de los más de 300 artículos del megaproyecto libertario.

El juego de Llaryora es mucho más al aire libre que el de muchos de sus colegas. El sanfrancisqueño hace que sus movimientos se noten y, de esa manera, se ubica como un jugador determinante en una carrera que reconoce de largo aliento.

En poco menos de dos meses, logró sacarse de encima el fantasma de Juan Schiaretti, se puso al hombro la gestión provincial, anticipó una reestructuración general en seguridad, salud y educación, golpeó la mesa las veces que tuvo que golpear y puso una especial atención a la discusión nacional. Allí se presenta como uno de los garantes de la gobernabilidad de Milei, pero en verdad, está resguardando la propia.

El cogobierno
Durante el discurso con el que abrió las sesiones en la Legislatura provincial, Llaryora trazó conceptualmente las líneas de su plan de gobierno, en el que está decidido a trabajar codo a codo con los intendentes.
Como casi ninguno de sus antecesores lo hizo, el sanfrancisqueño está decidido a federalizar sus decisiones. Como ya empezó a hacerlo con la ley de Seguridad, el gobernador dará a los jefes locales el poder para definir políticas en materia de salud y educación y, de esa manera, asociarlos en la traza del camino que marcará su gestión.

“Martín es uno de los nuestros”, aseguran los jefes comunales que reconocen en la trayectoria de Llaryora una de las características más importantes de su volumen político. El gobernador fue dos veces intendente de San Francisco y comandó los destinos de la capital cordobesa durante el tramo previo a su llegada al despacho principal del Centro Cívico cordobés y ahora está dispuesto a usar esa experiencia a favor de su construcción personal.

Por esa razón, desde que asumió recorre la provincia y baja la misma línea a su gabinete, que gobierna desde el territorio haciendo de las minigiras por el interior provincial una cita obligada en las agendas que se superponen semana a semana.

La que comienza no será la excepción y tendrá al gobernador como protagonista de las reuniones cara a cara con los jefes locales que empezarán a diagramar el trabajo conjunto para la nueva etapa que se abre en la provincia. “No vamos a obligar a nadie, pero los intendentes que estén dispuestos recibirán los recursos necesarios para hacerse cargo de la seguridad y la educación de cada uno de sus distritos”, afirman en el Panal.

A dos bandas
Llaryora sabe que para ordenar el frente provincial necesita plata y por eso está decidido a jugar a fondo por la coparticipación del Impuesto PAIS, su principal obsesión en el marco de la discusión nacional de la megaley libertaria.

Después de la reunión de gobernadores del lunes, la confianza del cordobés con el ministro de Interior, Guillermo Francos, se resquebrajó. “De lo único que hablamos fue del Impuesto PAIS y salimos con un principio de acuerdo que luego negaron a través de tuit”, cuentan en el entorno del gobernador, que confía en que las urgencias económicas de las provincias terminarán empujando la aprobación de la coparticipación en la votación de esta semana.

Saben que, exceptuando al oficialismo, todos los bloques tienen un contacto directo con los gobernadores que terminarán empujando la votación en el recinto. “Vamos a definirlo ahí”, dicen, asumiendo que las posibilidades de un diálogo abierto con el Ejecutivo pasan por su momento más complicado.

Asumiendo la lectura crítica que se expuso en el discurso del jueves, Llaryora también intenta que las esquirlas de la explosión social no lleguen a su provincia. Por esa razón, también redoblará esfuerzos para lograr garantizarse los fondos para la Caja de Jubilaciones y evitar que la crisis le pegue de lleno al día a día de su gestión.

Como parte de esa tarea también intervino abiertamente para sacar de la lista de “privatizables” a cinco empresas con sede en Córdoba: Fabricaciones Militares, los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, Dioxitex, la Fábrica Argentina de aviones Brigadier San Martín (Fadea) y Nucleoeléctrica Argentina, de la que depende la central de Embalse y que podrá ser privatizada sólo parcialmente.

En la lectura del gobernador, abrir un frente de conflicto con los trabajadores de las empresas nacionales en Córdoba sólo aportaría a alimentar una situación de tensión social que, considera, se incrementará en los próximos meses. Según cuentan en su entorno, prácticamente todos los diputados cordobeses trabajaron para que eso sucediera, a excepción de los tres representantes de La Libertad Avanza.

Con informacion de Letra P.