La revolución de la libertad

POLÍTICA Federico Sturzenegger*
hoy

Juan Bautista Alberdi afirmaba: “Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Por la naturaleza de las cosas, cada hombre tiene el encargo providencial de su propio bienestar y progreso, porque nadie puede amar el engrandecimiento de otro, como el suyo propio; no hay medio más poderoso y eficaz de hacer la grandeza del cuerpo social, que dejar a cada uno de sus miembros individuales el cuidado y poder pleno de labrar su personal engrandecimiento”.

Esta visión inspiró el Decreto 70-23 firmado el martes 20 de diciembre por el presidente Javier Milei, así como el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos enviado al Congreso esta semana.

No quiero detenerme en la discusión sobre la procedencia del DNU, porque creo que quienes la plantean lo hacen como estrategia para evitar discutir el ataque a sus privilegios en el contenido del DNU. No creo necesario entrar en ese juego. Solo la necesidad de eludir el debate puede motivar a la CGT, que negoció sin remilgos con dictaduras, a marchar a la Corte Suprema por una supuesta violación de la legalidad de un instrumento constitucional. Parece sacado de una novela de Vargas Llosa.

Según la Constitución, el Ejecutivo puede emitir DNU en condiciones de emergencia, siempre que excluya temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos. ¿Hay emergencia? Si nuestra situación actual no califica como emergencia, ¿qué calificaría? ¿Se abordan temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos? No. Listo. Cerrado el tema. Ahora el DNU sigue los carriles institucionales que el kirchnerismo hizo muy favorables al sostenimiento de los DNU. Son las reglas que supimos darle a nuestra democracia.

A lo largo de mi trabajo de año y medio en el proyecto de revisión de leyes que realicé para Patricia Bullrich, tuve el placer de contar con la colaboración de Ricardo Ramírez Calvo, quien me ayudó a entender cómo interpretar la Constitución. Ricardo es un defensor del textualismo. El textualismo sostiene que los textos dicen lo que dicen y hay que atenerse a lo que dicen, sin añadir interpretaciones personales. Porque dicen lo que dicen. Y ya. Por lo tanto, cuando escucho que el DNU no puede tener 300 artículos o tratar muchos temas, me pregunto: ¿qué Constitución están leyendo? Porque la nuestra no establece limitaciones específicas ni dice nada al respecto.

Con estas aclaraciones en mente, pasemos al tema relevante: el contenido del DNU.

El decreto se estructuró en torno a tres ejes fundamentales y complementarios: ampliar las libertades individuales, eliminar los privilegios de la casta y desregular la economía.

Las libertades individuales reciben una onda expansiva con la modificación del artículo 958 del Código Civil, que refrenda la prevalencia de la voluntad de las partes en los contratos privados. Esto implica, en los hechos, la eliminación de la ley de alquileres y tantas otras restricciones a los contratos individuales que habíamos naturalizado. Resultó tan calamitosa la ley de alquileres que la oferta había desaparecido, dejando a mucha gente sin opciones de alojamiento. Por suerte, este fin de semana ya se observó una reactivación del mercado inmobiliario, lo que augura un rápido retorno a la normalidad. Este es solo un ejemplo de los cambios positivos que impulsa el DNU.

Debilitar los privilegios de la casta es crucial por dos razones. Primero, porque los privilegios de la casta causan la miseria de la gente. Por ejemplo, que la gente no pueda elegir libremente sus medicamentos, sino que esté sujeta a los que su médico acordó con cierto laboratorio, infla artificialmente los precios de los medicamentos. Esto de por sí justifica sobradamente encarar una reforma.

Segundo, porque los recursos en manos de las castas se utilizan para perpetuar el sistema de castas. Por eso, debilitar a las castas en lo económico es la forma de prevenir que utilicen la plata que le sacan al pueblo para sostener su explotación del pueblo. Adicionalmente a la voluntad de hacer que los mercados funcionen bien, tanto el DNU (así como el proyecto de bases) tiene como objetivo desmontar esta estructura de poder, impidiendo la canalización de recursos hacia los sectores que buscan mantener sus privilegios a costa de la población.

Por este motivo, el DNU incluye temas elegidos para desafiar estas inequidades que, de cuestionarse, obligan a exponer los privilegios de la casta. ¿Cómo justificará, por ejemplo, el grupo Clarín que no debería haber internet satelital en el país? ¿Cómo argumentarán los sindicatos contra la libertad de elección de la gente respecto de su proveedor de salud? ¿Qué alegarán los empleados de Aerolíneas si se plantea permitir que la gente vuele libremente dentro de Argentina? ¿Y los dueños de los registros automotores, cómo defenderán que los trámites no se puedan realizar digital y directamente con el gobierno nacional? Será interesante ver cómo estos intereses defienden sus privilegios.

Ahora bien, el DNU 70-23 representa apenas un primer paso en un proceso de reformas más amplio que el presidente Milei tiene en mente. Esta semana, se complementó con la presentación al Congreso de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. La propuesta incluye más medidas anticastas y de desregulación, con reformas en áreas claves como la pesca, la energía y el transporte. Fortalece el régimen de defensa de la competencia permitiéndoles a las autoridades velar por que no sea el propio Estado (de cualquier nivel) el que lesione la competencia.

Discute propuestas para mejorar la educación pública, con un examen integrador del secundario, eliminando restricciones a la educación a distancia y permitiendo que los padres conozcan de manera privada cómo le está yendo al colegio de sus hijos en una comparativa nacional. También abre la posibilidad para el arancelamiento de los estudios universitarios de no residentes extranjeros.

El proyecto también desarma la colonización de la cultura con la que durante años el kirchnerismo doblegó nuestra producción cultural. Desafía el statu quo en materia electoral, sin duda uno de sus capítulos más polémicos. Y abre la puerta para una importante reestructuración del Estado.

Por si esto fuera poco, también se enviará muy pronto un proyecto de ley para derogar unas 150 leyes absurdas u obsoletas. Entre ellas, leyes que te obligan a hacer trámites imposibles de cumplir (pero que te sancionan por no hacerlos). Leyes que regulan cosas tan innecesarias como las carreras de palomas (por innecesaria no me refiero a las carreras en sí, tema sobre el cual no tengo opinión, sino a la regulación de estas), o que hacen declamaciones vacías de contenido sobre las mareas y otros temas.

Como la emergencia sigue, el proyecto de bases pide también un período de facultadas delegadas para terminar el trabajo de reformas. De hecho, contabilizadas las leyes que estos tres instrumentos –DNU, ley de bases y el proyecto de derogación de leyes– tocan, no se alcanza a cubrir el 40% de los cambios identificados en nuestro proyecto de revisión de leyes.

Comienza ahora un vivaz debate en el Congreso. Bienvenido sea. Y ya que estamos en tren de citar a Alberdi, resulta apropiada al respecto su afirmación: “Si queremos ser libres, seamos antes dignos de serlo. La libertad no brota de un sablazo. Es parto lento de la civilización”.

Esperamos que, tras este proceso de reformas, Argentina emerja más libre, con menos mochilas que frenen su desarrollo. Porque como decía, una vez más, Alberdi: “¿Quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza”.

El objetivo de estas iniciativas es reducir esos estorbos y recuperar esa libertad para vivir y producir. Con ese anhelo, brindemos por un 2024 feliz y en libertad.

* Profesor plenario Universidad de San Andrés, profesor adjunto de Harvard Kennedy School, profesor Honoris Causa HEC París y expresidente del BCRA.

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